Según el análisis fiscal, el Ejecutivo actuó conforme al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Según el análisis fiscal, el Ejecutivo actuó conforme al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso el archivo de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la presunta omisión de actos funcionales durante los incendios forestales ocurridos entre agosto y septiembre de 2024.

La decisión, formalizada mediante la Disposición N.º 06 tras revisar la Carpeta Fiscal N.º 302-2024, también alcanza a exministros del Ejecutivo involucrados en la respuesta estatal ante la emergencia que dejó más de 20 fallecidos y cerca de 300 heridos.

La indagación comprendió a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el entonces presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los ministerios de Salud, Ambiente, Defensa y Desarrollo Agrario.

Las denuncias señalaban una supuesta demora en la declaratoria de emergencia y en la adopción de medidas frente a los incendios que afectaron regiones como Amazonas, San Martín y Ucayali. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no se configuraron los elementos del delito de omisión funcional previsto en el artículo 377 del Código Penal.

Según el análisis fiscal, el Ejecutivo actuó conforme al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), que exige un sustento técnico previo para declarar el estado de emergencia. El informe de INDECI fue emitido el mismo día de la publicación del decreto correspondiente, lo que acreditó el cumplimiento del procedimiento legal.

Además, no se hallaron indicios de dolo ni de incumplimiento directo de deberes funcionales, por lo que se descartó formular denuncia constitucional y se dispuso el archivo definitivo del caso.

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