El alcalde de Magdalena, Francis Allison, habló de las razones de su renuncia al partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, y aseguró que su decisión se debe netamente a diferencias fundamentales en la visión de país que tiene dicha organización política.
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“No renuncié por un caso determinado. Lo que debe unir a los seres humanos en un partido puntual es una visión de país uniforme, claramente puedo decir que la visión de APP no concuerda con la mía”, dijo el burgomaestre al referir que es evidente que dicha agrupación política le otorga “un apoyo absoluto” al actual gobierno.
Francis Allison cuestionó la falta de fiscalización en el Congreso y refirió que ningún partido debería renunciar a su función de supervisar al Gobierno.
“La fiscalización es una de las funciones más importantes que nos manda la Constitución. No creo que los partidos deban renunciar a ello al control político, es altamente perjudicial para la democracia y el desarrollo del país”, subrayó a la prensa.
“Es evidente que so solo APP. Creo que son muchos partidos políticos que tienen bancadas y que están viviendo de espaldas a la realidad en torno a las denuncias graves”, sostuvo.
“El poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para servir a la gente. Lamentablemente, muchos políticos en el Perú creen lo contrario”, concluyó al referir que “la política era mejor cuando yo era joven. hoy es vergonzosa (...)”
Respecto al polémico viaje del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en momentos de las denuncias de una presunta red de prostitución, el alcalde aseveró que estas situaciones evidencian una falta de responsabilidad política que mella la confianza de la ciudadanía.
Asimismo, lamentó que se haya puesto en riesgo la salud de niños en situación de vulnerabilidad con desayunos escolares en malas condiciones a través del programa social Qali Warma, que ya cambio de nombre y consideró que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes, debió asumir las responsabilidad política renunciando al cargo hace tiempo.
“Es inaceptable que en un país como el nuestro sigamos viendo casos donde la alimentación de los niños más pobres es tratada con desdén. Estos actos deberían ser motivo de renuncias y sanciones políticas, aunque no necesariamente penales”, indicó.
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