El presidente Pedro Castillo pretende modificar los artículos 99 y 100 de la Constitución mediante un proyecto de ley.
El presidente Pedro Castillo pretende modificar los artículos 99 y 100 de la Constitución mediante un proyecto de ley.

Un poco antes de que el Poder Judicial (PJ) publicara la resolución que da cuenta del rechazo del recurso que presentó , abogado de , a fin de anular la investigación en su contra, ingresó a mesa de partes del Congreso de la República un proyecto de ley que pretende modificar la Constitución sobre el juicio y el antejuicio político.

En un documento de 17 páginas firmado por el mandatario y el premier , el Poder Ejecutivo propone cambiar los artículos 99 y 100 de la Carta Magna, un cambio que podría beneficiar eventualmente al jefe de Estado hoy implicado en graves actos de corrupción.

MODIFICACIONES

La propuesta del Gobierno de mantiene que los altos funcionarios puedan ser acusados ante la Comisión Permanente del Congreso por infracción a la Constitución, sin embargo, omite la parte que señala que pueden ser acusados por “todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones”.

Cabe precisar que la norma alcanza al presidente de la República, congresistas, ministros, integrantes del (TC), los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), los vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el Contralor General.

En tanto, en el artículo 100 plantean que el Ministerio Público pueda denunciar de oficio o de parte, ante la Corte Suprema, a altos funcionarios por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, agrega una especie de candado, pues quien determinará si hay mérito a que se inicie el proceso penal será una comisión especial conformada por tres jueces titulares con mayor antigüedad en el ejercicio del cargo de la Corte Suprema de Justicia.

En caso de que la Corte Suprema determine que la denuncia tiene lugar, entonces, lo actuado deberá ser remitido a la Fiscalía de la Nación para la formalización de la investigación penal ante el juez supremo penal.

Actualmente, la señala que, si el Congreso emite una resolución acusatoria con contenido penal, el fiscal de la Nación hace la denuncia ante la Corte Suprema y es el vocal supremo quien abre la instrucción correspondiente.

Es decir, no existe un “grupo” que evalúa si amerita o no abrir investigación.

La norma lleva una disposición complementaria transitoria para precisar que los procedimientos de antejuicio iniciados al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución y que se encuentren en trámite ante el Congreso de la República, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, sea cual fuere la etapa en que se encuentren, “son derivados al Poder Judicial en el plazo máximo de siete días hábiles, sin que ello implique interrupción, suspensión o condición”.

Por otro lado, la propuesta establece que el Congreso tendrá que adecuar su reglamento en el plazo máximo de 30 días calendario.

El documento enviado al Congreso el jueves por la tarde lleva la firma del presidente Castillo y el premier Torres. (Foto: Presidencia)
El documento enviado al Congreso el jueves por la tarde lleva la firma del presidente Castillo y el premier Torres. (Foto: Presidencia)

ANÁLISIS

Para el constitucionalista la propuesta del Poder Ejecutivo puede considerarse como “una fuga hacia adelante”, pues no tiene mucho sentido y parece un acto de propaganda.

“Lo hace para desviar la atención reciente resolución del PJ que ordena que la Fiscalía de la Nación puede continuar con la investigación contra el presidente Pedro Castillo”, señaló.

En diálogo con Correo, el abogado explicó que, si bien la norma permitirá que el fiscal de la Nación pueda denunciar directamente a los altos funcionarios, pues retira el beneficio que tienen actualmente, el artículo 100 que plantean claramente pone una traba.

Esto debido a que una comisión será la encargada de determinar si hay o no razones para el inicio de una causa penal.

“Es una manera de mediatizar la denuncia fiscal y la acusación del Congreso”, advirtió.

“Actualmente es automático (iniciar el proceso penal), pero ahora quiere que tres jueces de la suprema tomen la decisión”, agregó.

También consideró que la propuesta no tiene pies ni cabeza, sino que obedece a una respuesta inmediata a la circunstancia actual en que un fiscal denuncia a un presidente y un juez autorizó que siga el proceso en su contra.

“Son fuegos artificiales para mediar la atención de lo que está ocurriendo. En política no hay casualidades”, apuntó el especialista.

Finalmente, Quiroga consideró que la propuesta de reforma constitucional será rechazada en el Congreso.

Precisamente, actualmente el presidente Castillo tiene un proceso de denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el mismo que podría terminar en una acusación penal en el pleno.

De ser el caso, el documento tendría que ser elevado a la Fiscalía de la Nación para continuar con el proceso regular.

Actualmente el presidente Castillo tiene un proceso de denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso,
Actualmente el presidente Castillo tiene un proceso de denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso,