La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó el embargo de los bienes muebles e inmuebles del expresidente Pedro Castillo y del expremier Aníbal Torres, ambos implicados en el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
Daniel Soria Luján, procurador general del Estado, hizo el requerimiento ante el Poder Judicial a fin de garantizar la pretensión de reparación civil que asciende a más de 67 millones de soles.
BIENES
De acuerdo con el documento al que accedió Correo, la PGE solicitó que se dicten medidas cautelares de embargo en forma de inscripción e inhibición sobre los bienes muebles e inmuebles del exmandatario hoy preso en el penal de Barbadillo e investigado por la presunta comisión del delito de rebelión.
Antes de hacer el requerimiento, la Procuraduría hizo la consulta de los bienes del expresidente mediante la plataforma de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
Según la información obtenida, el exjefe de Estado registra cuatro propiedades inmuebles, específicamente parcelas, todas ubicadas en Chota, Cajamarca.
Sin embargo, no se precisa el valor de las tierras.
El mismo requerimiento de embargo se hizo para el expremier Torres, quien se desempeñaba como asesor de la PCM cuando se dio el golpe de Estado.
Según la información obtenida por la PGE, Torres tiene ocho propiedades inmuebles: En el distrito de San Isidro tiene un sótano, un estacionamiento y un departamento valorizados en 15 mil, 15 mil y 236 mil 800 dólares, respectivamente. Mientras que en Cercado de Lima dispone de tres departamentos y dos estacionamientos.
Sobre estos tres últimos, tampoco se ha precisado el valor estimado de los bienes.
Además, Torres tiene un jeep compass limited de color negro valorizado en 20 mil dólares.
