Investigación al Congreso: “Es abuso de autoridad e inconstitucional”

El Ministerio Público inició una investigación a los congresistas que no acataron la disposición del Poder Judicial (PJ) para suspender el proceso de la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, especialistas consultados por Correo advierten que tal pesquisa no solo carece de sustento, sino que también representa un abuso de autoridad y es inconstitucional.

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ARGUMENTOS. Para el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, la investigación fiscal no tiene sustento “en absoluto”, pues destacó que la Carta Magna señala que los parlamentarios no responden por su voto, así como tampoco por sus actuaciones en el Hemiciclo.

A esto se suma el hecho -añadió- que la modificación sobre la inmunidad parlamentaria no alcanza a los delitos en función. “No tiene ningún sentido que la Fiscalía inicie este tipo de investigación, porque hay una doble protección respecto a la actuación de los congresistas en el Parlamento”, sostuvo.

Para Quiroga, la Fiscalía no solo “saltó la valla”, sino que también “estaría cometiendo un abuso de autoridad”, pues no tiene competencia sobre los actos de los legisladores que son funcionales.

“Votar en el Congreso es una actividad funcional, no es una actividad privada”, dijo.

“El artículo de la inmunidad dice que no pueden ser procesados, sin autorización, del Congreso por delitos de función”, agregó el letrado.

Quiroga calificó la investigación fiscal a los parlamentarios como un error constitucional motivado por la medida cautelar que dictó la suspensión del proceso de elección del TC, pues se asume que podría haber un delito de función.

“Diría que hay un gran desconocimiento de la Fiscalía de lo que son las prerrogativas e inmunidades de los parlamentarios”, resaltó.

INCONSTITUCIONAL. Por su parte, Víctor García Toma, exintegrante del TC, adelantó que los legisladores no participarían ni colaborarían en el proceso de investigación.

“Seguramente ningún congresista asistirá (a rendir su declaración), porque esta actuación del Ministerio Público es claramente inconstitucional”, enfatizó.

Al respecto, cabe precisar que entre las acciones fiscales establecidas para el caso se incluye la identificación de los parlamentarios que habrían votado a favor de ratificar el acuerdo -de la Junta de Portavoces- para continuar con la elección de los nuevos miembros del TC pese a que una orden judicial ordenó suspender dicho proceso.

“Si es que no se dio el debido proceso, la jueza (a cargo del proceso de amparo) declarará medidas pertinentes, ahí no tiene nada que hacer la Fiscalía”, dijo García Toma.

El exministro de Justicia refirió que así como una jueza se inmiscuyó en los fueros del Parlamento, ahora la Fiscalía se entromete en los fueros del PJ, pues es el Poder Judicial el que debe determinar las responsabilidades.

“Qué tiene que hacer el Ministerio Público en la tramitación y desarrollo de un proceso de amparo; más aún, el accionante, que es el señor Walter Ayala, ha pedido que se adopten medidas por la supuesta inejecución de la resolución. El Ministerio Público no tiene nada que ver en ese proceso de amparo y sus consecuencias, resulta realmente extraño”, resaltó.

Reafirmó que en todo caso será la jueza (Soledad Amparo Blácido Baez) quien en su momento tendrá que comunicar a la Fiscalía la supuesta comisión de un ilícito en relación a un mandato suyo.

El constitucionalista García Toma consideró, asimismo, que hay una “politización de la justicia” en la investigación fiscal fiscal al Congreso.

“Las decisiones judiciales deben ser acatadas y cumplidas, pero también hay la exigencia del juez de dictar medidas ponderadas y razonables. La orden de suspensión de elección del TC se trata de una clara intromisión en funciones exclusivas y excluyentes del Congreso”, concluyó.

DEFENSA. Luego de conocerse la investigación fiscal, el legislador Franco Salinas, vocero de la bancada de Acción Popular, salió en defensa del fuero parlamentario.

“Lo que ha iniciado el Ministerio Público es una persecución política prácticamente”, aseguró.

En diálogo con RPP, explicó que si consideran que hubo un delito en el ejercicio de la función de los congresistas, lo que corresponde es una denuncia constitucional.

“El Congreso decidirá, eventualmente, si corresponde levantar este velo de protección que establece la Constitución y se iniciará la investigación recién”, acotó.

Salinas, además, calificó la investigación fiscal como un “acto intimidatorio” y aseguró que hay voluntad de denunciar al fiscal que haya tomado tal decisión.

“Como vocero de mi bancada, condeno y rechazo los actos intimidatorios desde el Ministerio Público, porque de alguna u otra manera se vulnera la Constitución”, refirió el acciopopulista.

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En otro momento, indicó que como abogado considera que quienes autorizaron el inicio de la investigación sin haber solicitado, primero, el antejuicio “están cometiendo abuso de autoridad”.

Por otro lado, hoy la Junta de Portavoces sesionará a las 9:00 de la mañana y tiene como prioridad evaluar la decisión de la Fiscalía de la Nación de investigarlos.

Cabe recordar que el proceso de elección de los nuevos miembros del TC se encuentra en suspenso luego de que -el jueves pasado- el presidente de la comisión encargada de la respectiva selección de candidatos, Rolando Ruiz, pidiera una pausa. Hasta el momento no se ha definido una nueva fecha para continuar con dicha votación.

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