El Ministerio Público (MP) tiene entre sus tareas el prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, así como velar por la recta y efectiva administración de justicia. Sin embargo, este año el Perú ha sido testigo de cómo importantes representantes de esa institución se han visto envueltos en una serie de cuestionamientos.
Son al menos siete los fiscales que ocupan altos cargos y a la vez afrontan sindicaciones que ponen en tela de juicio su permanencia en el cargo, una muestra de cómo la Fiscalía se cae a pedazos.
EN EQUIPO
En diciembre de 2023, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por seis meses a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por liderar una presunta red criminal, la misma que estaría integrada por su exasesor Jaime Villanueva.
Este último fue quien reveló una serie de hechos que implican a fiscales, entre ellos, Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato.
Villanueva relató que en la segunda vuelta electoral del 2021, Janett Talavera, asesora de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mantenía comunicación con Vela Barba, pues este tenía un interés específico en que Keiko Fujimori no ganara.
Otro personaje mencionado es su colega José Domingo Pérez, tendría una amistad con Villanueva desde hace mucho. Así lo demuestra una fotografía de 2018 donde ambos comparten copas.
Según los dichos de Villanueva, fue él quien entrevistó a Pérez Gómez para integrar el Equipo Lava Jato.
Sobre el fiscal Pérez pesan otros cuestionamientos vinculados a sus funciones.
Por ejemplo, el juez Víctor Zúñiga devolvió a menos 10 veces la acusación que presentó contra Keiko por el caso Cócteles.
El motivo: El fiscal tenía que realizar aclaraciones, modificaciones y subsanaciones sobre pruebas, fechas, lugares, números y otros elementos.
A esto se le suma la acusación contra Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep, para quien el fiscal no tiene pruebas suficientes para mantenerlo en el caso Cócteles.
Han pasado seis años, pero el fiscal Pérez no ha podido mostrar testigos o alguna prueba para vincularlo a un hecho ilícito.
Además, hace poco el fiscal fue excluido de la investigación contra Keiko por lavado de activos, luego de que el Tribunal Constitucional determinara que no debió investigar presuntos actos de obstrucción de la red porque se pone en duda su parcialidad en el caso.
Pérez también afronta una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, debido a un desbalance de 65 mil soles.
JERARQUÍA
Además de los integrantes del Equipo Lava Jato, el exasesor Jaime Villanueva se refirió a dos fiscales supremos que ocuparon el cargo de fiscales de la Nación.
El primero de ellos es Pablo Sánchez. Sobre el fiscal supremo, Villanueva aseguró que le recomendó que el fiscal Pérez sea incluido en el Equipo Lava Jato.
Además, relató que gestionó una reunión entre el fiscal Sánchez y el director de IDL - Reporteros, Gustavo Gorriti. “Ahí, Gustavo le habló de Lava Jato, de la necesidad de formar un equipo especial o poner un fiscal a trabajar a dedicación exclusiva a ello”, contó Villanueva.
La también fiscal suprema Zoraida Ávalos, fue mencionada por Villanueva.
Según el testimonio del exasesor fiscal, Ávalos le pidió al fiscal Vela que “trate de no hacer nada” sobre el caso de las presuntas coimas que habría recibido el expresidente Martín Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua.
“Cuando ella fue fiscal de la Nación era muy cercana a Rafael Vela. Todo eso cambió cuando salieron las investigaciones contra Vizcarra. Rafael me comentó que él le informó a Zoraida que un colaborador eficaz que había sido exministro de Vizcarra, el que dijo de las coimas en Moquegua, que le informó de eso a Zoraida Ávalos y le dijo que trate de no hacer nada”, relató Villanueva.
Además, según su testimonio, Rafael Vela corría el riesgo de ser retirado del Equipo Especial Lava Jato por Zoraida Ávalos, por lo que habría hablado con el periodista Gorriti, quien habría pedido a la entonces fiscal de la Nación “que no lo saque”.
LOS NUEVOS
Los fiscales anteriormente mencionados han sido cuestionados en más de una oportunidad, no solo este año. Sin embargo, a ese grupo se le suman tres nuevos fiscales que han ocupado la atención de los medios en las últimas semanas.
Sin duda la que se lleva el primer lugar es la fiscal Elizabeth Peralta, investigada en el Caso “Chibolín” y sobre quien está pendiente definir si se dictará o no una orden de 18 meses de prisión preventiva.
Ella es sindicada de acuerdo con un testimonio de la Fiscalía, como la “madre” del artista Andrés Hurtado.
Se le acusa de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.
De acuerdo con la tesis fiscal, está implicada en tres hechos. Uno de ellos es el presunto pago de 80 mil dólares para que la Fiscalía inicie una investigación contra Paltarumi S.A.C., empresa que competía con una compañía de Javier Miu Lei.
Otro hecho es el pedido de 100 mil dólares para que una investigación contra la empresa Quantico de Iván Siucho, no avance.
Además, el presunto pago de un millón de dólares para la devolución de oro incautado a la empresa de Miu Lei.
En este último hecho aparece mencionado el nombre de Lucio Sal y Rosas, fiscal contra el crimen organizado.
Esto debido a que se confirmó que fue él quien autorizó la devolución de cinco barras de oro que pertenecían a la empresa Las Lomas Doradas de la familia Miu Lei.
Sal y Rosas aseguró que la devolución se dio por orden directa de él y que no hubo ninguna injerencia.
JALADA
También está la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
De acuerdo con un informe de “Contracorriente”, tardó 11 años en egresar de la Universidad Los Andes de Huancayo, tiempo en el que tuvo 24 cursos jalados, precisamente, el curso de Matemática Básica fue desaprobado en cinco oportunidades.
Además, según testimonios de docentes y compañeros, la recuerdan por sus inasistencias y un bajo rendimiento académico.
Cabe precisar que en febrero de este año, la JNJ abrió una investigación contra los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, por los dichos de Villanueva. Sin embargo, siete meses después, todavía no se conoce el desenlace del caso.