“Vamos al cajero”, se le escuchó decir a la congresista María Cordero Jon Tay en un audio difundido en abril de 2023 por el programa Punto Final, oportunidad en que se denunció un nuevo caso de recorte de sueldo a su trabajador.
A pesar de la evidencia contundente, al menos 30 padres de la patria tuvieron el descaro de intentar blindar a la “mochasueldos” por el levantamiento de su antejuicio político y una inhabilitación de la función pública por 10 años. Sin embargo, ante las críticas de sus colegas y de la opinión pública, el Congreso rectificó su blindaje.
Finalmente, la exfujimorista será acusada por el delito de concusión y será suspendida de sus funciones mientras dure el proceso penal en su contra.
LA HISTORIA
La sesión para tratar el caso de María Cordero Jon Tay inició un poco después de las 10 a.m.
Tras la sustentación del informe final, los legisladores empezaron a intervenir.
Uno de los primeros fue Darwin Espinoza (Acción Popular), quien intentó dilatar la votación tras asegurar que existe un certificado médico presentado de por medio.
“La Mesa Directiva no puede decidir si acepta o no un certificado médico porque ya está certificado, el médico está diciendo que no puede llegar o que se encuentra en estado de salud delicado, es un derecho constitucional, ¿por qué no hacemos caso y postergamos este debate”, recomendó.
Sin embargo, unos minutos después Cordero Jon Tay llegó para ejercer su derecho a la defensa.
Otra de las defensas a favor de la exnaranja fue dada por Edwin Martínez de Acción Popular. “¿Cuántos mochasueldos han habido en el Congreso?, ¿a cuántos se ha sancionado? y ¿por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria que ya ha sido sancionada? Dejan que la Fiscalía haga su trabajo”, reclamó.
Mientras que José María Balcázar (Perú Bicentenario) cuestionó que el caso sea tratado a pesar de que la legisladora fue suspendida por 120 días con un informe de la Comisión de Ética.
“No es posible que traigamos a debate un caso que ya está sancionado. Estamos escuchando un débil informe de acusación”, afirmó.
Primero se votó la recomendación del informe para levantar la inmunidad a María Cordero a fin de que pueda ser procesada a nivel judicial. La propuesta fue rechazada. Fueron 48 votos a favor, mientras que 21 fueron en abstención y seis en contra.
Después, el Pleno votó la recomendación para inhabilitarle de la función pública por 10 años sin éxito.
Solo votaron a favor 50 congresista, 24 en abstención y seis en contra.
Los que votaron en rojo y en ámbar pertenecen en su mayoría a bancadas de izquierda y al grupo de “Los Niños”.
Conocidos los resultados del blindaje, las redes sociales estallaron con miles de críticas de la opinión pública hacia los legisladores que no respaldaron el informe, pues el caso de la exnaranja es uno de los más sólidos.
RECTIFICACIÓN
Congresista como Norma Yarrow (Avanza País) criticaron duramente a los legisladores que blindaron a la exnaranja.
“No todos somos ladrones y se están protegiendo. El caso de la señora Cordero se venía desde hace tiempo con denuncias incluso de Fiscalía”, afirmó a la prensa.
Por su parte, María del Carmen Alva dijo esperar que los congresistas que votaron en contra, en abstención y aquellos que desaparecieron de la sesionen, se rectifiquen.
“Son ellos que votan de esa manera que afectan la imagen del Congreso. La gente que votó en abstención o desapareció es porque tiene rabo de paja”, reclamó.
Mientras tanto, la bancada de Avanza País presentó una reconsideración para la votación que fue aprobada con 72 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones.
Por la tarde, el Congreso votó nuevamente el caso de María Cordero. Primero se sometió a votación la resolución que la acusa por el delito de concusión y, en consecuencia, permite que el sistema de justicia la investigue sin inconvenientes.
Esta parte se aprobó con 55 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones.
Los votos en abstención fueron de las bancadas de Perú Libre (4), Bloque Magisterial (4), Acción Popular (1), Somos Perú (1), Renovación Popular (1) y no agrupados (2).
Si bien no se sometió a votación la inhabilitación de 10 años, si se votó la propuesta para que sea suspendida del Congreso mientras afronta el proceso penal. Es decir, que la exfujimorista tendrá que dejar su curul.
Esta parte se aprobó con 52 votos a favor, 8 en contra y 21 abstenciones. Los integrantes de las bancadas que votaron en rojo y en ámbar fue en un sentido similar a la primera votación (ver infografía).
Entre los legisladores que intentaron blindar a María Cordero están por ejemplo Roberto Sánchez (exministro de Pedro Castillo), el congresista de derecha Javier Padilla (Renovación Popular), así como Luis Aragón, Jorge Flores, Darwin Espinoza y Raúl Doroteo, todos investigados por el caso “Los Niños”. Además, el último fue denunciado recientemente como un “mochasueldos” más.
ANTECEDENTES
Un dato no menor es que la exfujimorista intentó victimizarse durante su defensa en el Pleno.
“En estos días me he visto en la obligación de incumplir mi descanso médico, cuestionado por algunos, para poder afrontar de manera presencial un proceso que busca nuevamente una suspensión”, dijo.
Incluso, aseguró que intentaron desaforarla indebidamente, vulnerando sus derechos fundamentales y el debido procedimiento.
“Yo represento una región, he sido elegida democráticamente, pero también soy hija, hermana y tengo familia que sufre conmigo por todo este proceso. Yo les pido a mis colegas un voto de conciencia, porque todos somos iguales ante el Señor”, argumentó.
El caso de Cordero Jon Tay es el primero en llegar al Pleno, pues los demás casos de “mochasueldos” no pasaron a esa instancia.
Por ejemplo, Magaly Ruíz (APP), Rosío Torres (APP) y Heidy Juárez (Podemos) solo recibieron una amonestación pública y se les descontó sus haberes por 30 días ante las denuncias de recortes de sueldos a sus trabajadores.
Otros casos como el de Hilda Portero (Acción Popular), María Acuña (APP) y Alejandro Soto (APP) ni siquiera fueron motivo de debate, pues los informes recomendaban archivar los casos.
