Rafael López Aliaga afirmó que el Estado peruano no asumirá el pago de los 2,700 millones de dólares que Brookfield, accionista de Rutas de Lima, exige en su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Durante una entrevista para Canal N, López Aliaga explicó que la Municipalidad de Lima sustenta su postura en el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declaró ilegales los peajes de Lima Norte por considerarlos perjudiciales para la ciudadanía.
Según el alcalde, en el arbitraje internacional se demostrará que la decisión del TC fue legítima, por lo que el reclamo de Brookfield carece de fundamento. Además, sostuvo que el contrato de concesión de Rutas de Lima es nulo y que una eventual condena contra la exalcaldesa Susana Villarán debilitaría aún más la base legal del acuerdo.
Al ser consultado sobre los laudos arbitrales internacionales que la Municipalidad perdió en 2020 y 2022, López Aliaga indicó que estos procesos fueron heredados de gestiones anteriores y que actualmente están en apelación. También cuestionó los términos en los que se pactaron dichos arbitrajes.
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