Al menos 53 candidatos de Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, registran sentencias firmes por diversos delitos como corrupción, violencia familiar y homicidio culposo, lesiones graves, omisión a la asistencia familiar, entre otros.
De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, del total, 32 personajes postulan a la Cámara de Diputados, 1 al Parlamento Andino y 20 aspiran a Senadores. De cara a las Elecciones Generales 2026, varios de los postulantes han cumplido penas suspendidas o han sido declarados rehabilitados, condición que la ley permite para postular a cargos públicos.
CANDIDATOS CON SENTENCIAS
Entre ellos, Luis Orihuela Lazo, cirujano y candidato a diputado por Junín, quien en diciembre de 2011 fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, tras la muerte de una paciente intervenida quirúrgicamente. En su hoja de vida también figura una sentencia civil del 2008.
Otro caso es el de Yonel Condezo Valderrama, conocido como “el médico del pueblo”, candidato a diputado por Lima. El postulante registra tres sentencias por omisión a la asistencia familiar y violencia familiar, además de una condena por el delito de homicidio culposo en 1995, por la que recibió 2 años de pena suspendida.
Guisela Ayvar Gutiérrez, postulante a diputada por Ayacucho, fue condenada por lesiones graves tras agredir a su suegra de 75 años en febrero de 2023, causándole la amputación parcial de un dedo. La postulante se acogió a la terminación anticipada, reconoció la gravedad de los hechos y recibió 4 años de pena suspendida, pero hace menos de un mes la Justicia la declaró rehabilitada.
Mariano Baca Anaya es un exalcalde que fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones en 2009 por nepotismo. En su condición de alcalde, habría presionado a sus subordinados para contratar a su cuñado. Por este hecho fue condenado por falsedad genérica a 2 años de pena suspendida.
Jorge Luis Monasi Franco, candidato al Senado por Loreto, fue cuestionado por haberse vacunado contra la Covid-19 con una dosis destinada a adultos mayores durante la pandemia.
La lista de candidatos también involucra a exfuncionarios por lavado de activos. Se trata de Edgar León Ordóñez, candidato a diputado, que fue inhabilitado tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentación falsa para obtener órdenes de servicio.
En noviembre de 2024 recibió una sanción de 36 meses de inhabilitación temporal en su derecho a contratar con el Estado. Además, registra una denuncia policial por agresión física y psicológica al hijo de su pareja.
A esta lista se suman seis congresistas en funciones que buscan la reelección, algunos investigados por “mochasueldos” y con denuncias constitucionales en curso. Entre ellos, Jorge Marticorena registra en su hoja de vida una demanda por alimentos, y Luis Kamiche presenta una demanda por violencia familiar.
Las parlamentarias Rosío Torres y Magaly Ruiz también se aferran al cargo, pese a las investigaciones por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores. Ambas mantienen investigaciones abiertas por delitos relacionados con corrupción de funcionarios.
Alejandro Soto busca la Cámara de Diputados. En su trayectoria pesan 3 sentencias por difamación, una demanda contractual y cuestionamientos por la presunta contratación de la hermana de la madre de su hijo en el Congreso. A ello se suma el supuesto uso de trabajadores para operar como trols digitales.
Por otro lado, también figuran exministros como Juan José Santiváñez, quien mantiene varios cuestionamientos. Arrastra como accionista mayoritario de dos empresas que mantienen deudas pendientes con la SUNAT, las cuales superan S/271 mil. Otro es César Sandoval Pozo, exministro de Transportes y Comunicaciones; y César Vásquez Sandoval, exministro de Salud.
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