La ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, descartó que el Gobierno realice nuevas inyecciones de recursos a Petroperú y afirmó que la prioridad del Ejecutivo es impulsar una reforma profunda en su gestión y gobernanza para detener el impacto fiscal que representa para el Estado.
En entrevista con RPP, Miralles reveló que, desde el año 2022 hasta la fecha, el Estado peruano ha transferido S/ 17,000 millones a la petrolera estatal para cubrir obligaciones financieras y mantener su operatividad.
“Eso es injusto, eso supera largamente los presupuestos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud”, sostuvo la ministra al referirse al volumen de recursos destinados a la empresa.
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Prioridad: reforma y control del gasto
Miralles enfatizó que el Ejecutivo no evalúa nuevos aportes económicos, sino un cambio estructural en la administración de Petroperú, con el objetivo de frenar el uso continuo de recursos públicos.
Según indicó, la estrategia del Gobierno se centra en el nuevo directorio y el equipo gerencial recientemente designado, a quienes ya se les ha solicitado información técnica detallada para conocer el estado real de la compañía.
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Falta de transparencia financiera
La ministra también advirtió que uno de los principales problemas detectados es la falta de acceso oportuno y completo a la información financiera de Petroperú. Pese a los cambios realizados en su gobernanza, señaló que persisten dificultades para obtener datos precisos.
“Existe una dificultad de acceso a información real de Petroperú. La información llega tarde o incompleta”, afirmó.
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Medidas legales antes de fin de año
Ante este escenario, Miralles anunció que el MEF emitirá dispositivos legales antes de que concluya el año, con el fin de reducir el impacto negativo de la empresa estatal sobre las finanzas públicas.
“Vamos a sacar unos dispositivos que nos van a permitir tomar esas medidas para que la empresa estatal de todos los peruanos deje de seguir generándole gastos al Estado”, declaró.
La ministra reiteró que el enfoque del Gobierno será fiscalmente responsable y que no se comprometerán más recursos públicos sin resultados concretos en la sostenibilidad de la empresa.
