El Ministerio Público (MP) expresó su rechazo al proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad penal a menores desde los 16 años, por vulnerar los compromisos internacionales de defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes, asumidos por el Estado peruano, como la Convención de los Derechos del Niño.

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Se trata de un pronunciamiento de los fiscales de Familia y de la Coordinación Nacional del Programa Nacional ‘Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público’, sobre proyecto de ley 8566/2023.CR, “Ley que establece la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 16 años”, presentado por el congresista Carlos Burgos.

La fiscalía señala en el documento que el Perú tiene la obligación de aplicar la Convención de los Derechos del Niño, y “garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos en ella a toda la población menor de edad del país”.

“Recordar que la mencionada Convención ha establecido en su artículo 1, que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En ese contexto, en nuestro país, el artículo I del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes determinó que se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad; en tal sentido, en aplicación del Principio de ‘No Regresividad’, en materia de Derechos Humanos, los derechos específicos a favor de niños, niñas y adolescentes, no pueden ser eliminados, reducidos o restringidos, sobre todo, bajo la justificación de reducir la inseguridad ciudadana y los índices de participación de adolescentes que incurren en los delitos establecidos en el citado Proyecto”, se lee.

El Ministerio Público recordó que el país cuenta con normas que prevén la responsabilidad penal especial que tienen los adolescentes que infringen la ley penal, a quienes se les impone medidas socioeducativas, que incluyen el “Internamiento” en los casos de infracciones (delitos) graves, estando pendiente la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (DL 1348) desde el 2017 hasta la fecha, lo cual si debe ser materia de preocupación prioritaria por parte del Congreso.

Destacó la Observación General 24, expedida por el Comité de los Derechos del Niño: “Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños, al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.

Asimismo, el MP reconoció que el mantenimiento de la seguridad pública es un objetivo legítimo del sistema judicial, incluido el sistema de justicia juvenil, pero refiere que los Estados partes deben cumplir ese objetivo con sujeción a sus obligaciones de respetar y aplicar los principios de la justicia juvenil consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. “Según se indica claramente en el artículo 40 de la Convención, todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, debe recibir siempre un trato acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor. Las pruebas demuestran que la prevalencia de los delitos cometidos por niños tiende a disminuir tras la adopción de sistemas acordes con esos principios”.

“Hacemos presente que mediante Decreto Supremo 009-2023-JUS se expidió la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, la que tiene como principal objetivo lograr la prevención y desistimiento de trayectorias delictivas por parte de los adolescentes del país; siendo esto así, es de responsabilidad de todos los actores del Estado y la sociedad civil desplegar acciones a efecto de modificar los contextos sociales vulnerables con factores de riesgo criminógeno; y, fortalecer el sistema de justicia penal juvenil, con el propósito de lograr la resocialización y reinserción familiar y social de aquellos, lo que no se materializará con propuestas punitivas y contrarias a los estándares internacionales propios de la materia”, se lee en el pronunciamiento.

Proyecto de ley

El congresista Carlos Burgos presentó un proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad penal de los adolescentes desde los 16 años. Entre los delitos incluyen, homicidio, robo agravado, extorsión y organización criminal, entre otros.

Las penas propuestas por el congresista en dicho proyecto van desde no menos de 25 años de cárcel hasta cadena perpetua. Según Carlos Burgos, la iniciativa tiene el objetivo de fortalecer el marco legal sobre la seguridad ciudadana y sancionar ciertos comportamientos delictivos.


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