Pedro Castillo: Fiscalía ratifica que la organización criminal que favorecía a empresas llegaba al presidente

La Fiscalía se mantiene firme en el argumento de que el presidente Pedro Castillo forma parte de una organización criminal que se constituyó desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la adjudicación de licitaciones.

Así lo ratificó ayer el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez, durante la audiencia de impedimento de salida del país contra el exministro Juan Silva Villegas (MTC) y seis congresistas de Acción Popular (AP) sindicados como ´Los Niños´.

Cabe precisar que hace cuatro días el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el mandatario por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

PALABRAS

En la sesión que presidió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el fiscal Rojas sostuvo que el exministro Silva era quien ordenaba el favorecimiento a las empresas.

“Lo que se identifica con el caso Puente Tarata se evidencia claramente que habría un manejo paralelo de esta organización (criminal) que captaba empresarios o viabiliza el acceso de empresarios que tenían interés de contratar con el MTC”, señaló.

En ese sentido, precisó que los empresarios llegaban a Villaverde (Zamir) por su vinculación con el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, quien tenía acceso a los sobrinos del presidente (Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo).

“Tenían cercanía o habían obtenido acceso al ministro Silva. Esta vinculación no solamente se restringía al ministro Silva, sino que también, según información que se tiene en este momento, llegaba al presidente (Castillo)”, puntualizó.

Las palabras del fiscal Rojas, coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales del Ministerio Público (MP) se dieron como parte del sustento del pedido de 36 meses de impedimento del país para el exministro Juan Silva.

Además, se solicitaron 9 meses de la misma medida para los congresistas acciopopulistas Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo y Elvis Vergara.

“Se evidencia la existencia de una organización. La participación que tenía el señor Silva era intervenir en la planificación y decisión de colocar a personas en lugares importantes del MTC para viabilizar estas contrataciones de estas empresas”, refirió el fiscal.

En ese sentido, el representante del MP consideró necesaria la medida de impedimento de salida del país de los investigados, a fin de asegurar su presencia y no frustrar la eficacia de las indagaciones.

Agregó que los siete implicados disponen de los recursos necesarios para salir del país.

RÉPLICA

La defensa legal de Juan Silva, el abogado Luis Yalán, fue uno de los primeros en dar cuenta de que su patrocinado se allana al pedido de impedimento de salida del país, pero calificó de “defectuosas” las imputaciones de la Fiscalía.

“Mi cliente no tiene nada que ver con la organización criminal. La investigación es defectuosa e incompleta. Provías Nacional y Descentralizado están adscritas al viceministerio, no al MTC, sin embargo, no se le ha incluido a la viceministra”, indicó.

Además, cuestionó que el sistema judicial le haga caso a una colaboradora que “ha contado las cosas a su manera”, en referencia a la empresaria Karelim López.

En la misma línea se pronunció José Torrejón, abogado de Raúl Doroteo, quien informó que su patrocinado se allana al pedido de la Fiscalía de 9 meses de impedimento de salida del país.

Al igual que la defensa de Silva Villegas, cuestionó que se hayan tomado como base las declaraciones de López.

SOLICITUD

En tanto, el abogado del congresista Jorge Flores pidió que se declare infundado el impedimento de salida del país para su patrocinado, debido a que el acta de declaración de un colaborador eficaz de febrero “no señala nada sobre Flores”.

Por su parte, el parlamentario aseguró ser inocente y estar dispuesto a estar presente en todas las audiencias.

“No tengo ninguna necesidad de abandonar el país”, refirió.

La defensa legal de Elvis Vergara también hizo el mismo pedido al Poder Judicial.

Señaló que colaborarán activamente con la restricción, pero que el pedido de la Fiscalía intenta restringir “el derecho a la libertad de tránsito”.

En la misma línea se pronunció Moisés Yanqui, abogado de Juan Carlos Moris Celis.

El letrado argumentó que no existen indicios graves.

“Mi patrocinado cumple funciones congresales, se le impediría cuando se le presente la posibilidad de salir (del país) por el cumplimiento de sus funciones”, dijo.

Mientras que el abogado de Darwin Espinoza señaló que no existe peligro de fuga.

“Mi patrocinado ejerce de presidente de Comisión de Vivienda no tendría motivos para fugarse, debe tomarse en consideración al evaluar el arraigo”, sostuvo.

El abogado de Ilich López consideró que no se cumplen los requisitos para la solicitud de impedimento de salida del país, debido a que el pasaporte de su patrocinado no está vigente y no dispone de movimiento migratorio del 2014.

Finalmente, el juez supremo Juan Carlos Checkley dijo que dará a conocer el resultado dentro del plazo de ley.