Zoraida Ávalos dejó su cargo como fiscal suprema luego de que el Congreso aprobara inhabilitarla por omitir sus funciones.
Precisamente, cuando Ávalos era fiscal de la Nación, miraba pasar las graves evidencias y acusaciones de corrupción que recaían sobre el entonces presidente de la República, Pedro Castillo.
Correo hace un recuento de los revelaciones periodísticas que involucraban al entonces mandatario y, que la máxima representante del Ministerio Público prefirió ignorar.
Fueron al menos seis los casos que la exfiscal de la Nación dejó pasar al expresidente Castillo: presiones para los ascensos en las Fuerzas Armadas, los 20 mil dólares hallados en la oficina de Pacheco, las reuniones secretas en la casa de Sarratea, la adjudicación de Abudayeh en la Fuerza Aérea del Perú, así como los casos Puente Tarata y Petroperú.
LOS PRIMEROS
Antes de que Castillo Terrones asumiera la presidencia del Perú, existían dudas sobre su capacidad para liderar el país. Sin embargo, las primeras acusaciones relacionadas a corrupción se presentaron ante el ojo público el 8 de noviembre de 2021.
El excomandante general del Ejército, el general de División (r) José Vizcarra, reveló que recibió presiones del entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, para beneficiar indebidamente a una terna de oficiales en el proceso de ascensos.
“El presidente Pedro Castillo me dijo por WhatsApp que tenía un encargo sobre los ascensos”, fueron las declaraciones del general Vizcarra.
Incluso, aseguró que tenía los mensajes en su celular y que los presentaría en la Comisión de Defensa del Congreso, lo que hizo posteriormente.
A pesar de las declaraciones, evidencias y exhortaciones de parte de congresistas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no hizo nada.
Más adelante, no solo aparecerían más testimonios de personas que confirmarían las presiones para los ascensos, sino que el propio Castillo reconoció -en calidad de testigo en esa oportunidad- los chats cuando fue interrogado por el fiscal supremo adjunto Ramiro González y el procurador general Daniel Soria.
Dos semanas después, el mandatario fue vinculado a otros hechos. Y es que la Fiscalía Anticorrupción halló durante una diligencia en el despacho de Bruno Pacheco, renunciante secretario presidencial, la suma de 20 mil dólares en efectivo.
La diligencia realizada en Palacio era parte de una investigación preliminar a Pacheco, por las presuntas presiones que ejerció a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para beneficiar a empresarios.
Incluso, el exsecretario presidencial ingresaba a Palacio a pesar de estar bajo pesquisa.
Pacheco era el brazo derecho de Castillo. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación, una vez más, dejó pasar la eventualidad vinculación y responsabilidad que podría tener el presidente.
GRANDES
El 28 de noviembre de 2021 hubo un reportaje que remeció al país: las reuniones secretas del presidente Castillo en la casa de Sarratea.
Un programa periodístico mostró los encuentros que realizaba el mandatario con funcionarios, congresistas, empresarios, entre otros, en un domicilio ubicado en Breña, casa que le pertenece al hoy prófugo Segundo Sánchez.
Ese mismo día se reveló que un consorcio ganó una millonaria obras tras la visita de su asesora a Palacio. El caso sería denominado más adelante como Puente Tarata.
La publicación daba cuenta de que la empresaria Karelim López registraba seis ingresos a Palacio durante la gestión de Castillo. Unos días después de sus visitas, el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía a la que asesoraba López Arredondo, obtuvo la adjudicación de un contrato por 232.5 millones de soles de Provías Descentralizado.
Un mes después se reveló un caso de corrupción con el mismo patrón. El presidente Castillo mantuvo una reunión con el gerente de Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh Giha, quien días después ganó una licitación de 74 millones de dólares. De acuerdo con el portal de Transparencia, en los encuentros en Palacio también estuvo presente la empresaria Karelim López y Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú.
A pesar de la gravedad de los tres casos mencionados, Zoraida Ávalos se mantuvo en su posición de no investigar al presidente Castillo.
Pero este no sería la única adjudicación que recibió Samir Abudayeh.
El 26 de diciembre de 2021 se reveló que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) le otorgó la buena pro de una contratación directa por más de un millón de soles a Herco Combustibles S.A., como proveedor único, para la adquisición de 67 mil galones de combustible para Ucayali.
La empresa fue constituida por Abudayeh y otros integrantes de su familia.
Un dato no menor es que el otorgamiento de la adjudicación se realizó dos semanas después de que Castillo dispuso los cambios intempestivos de Jorge Chaparro y José Vizcarra en las comandancias generales de la FAP y el Ejército, respectivamente.
Si bien los casos fueron investigados por la Fiscalía debido a que se encontraban implicados personas naturales y jurídicas, la Fiscalía de la Nación no tomó medidas para con el entonces jefe de Estado, Pedro Castillo.
