El expresidente, hoy recluso en en Penal de Barbadillo, Pedro Castillo remitió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterrez, para denunciar “la violación sistemática” de sus derechos humanos, su “detención arbitraria e ilegal destitución” de la Presidencia del Perú.
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“Expreso mi respetuoso saludo y mi agradecimiento por la preocupación de los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con respecto a la sistemática y continua violación a los derechos humanos sucedida en el Perú desde el 7 de diciembre 2022, día en que fui apresado arbitrariamente, sin el debido proceso para la inmunidad del Jefe de Estado que me corresponde”, inicia señalando Castillo Terrones en la carta a Guterres.
El exmandatario se describe como “el candidato de los invisibles” y afirma que durante todos los años de República que lleva el país, los “sectores oligárquicos” han “hegemonizado y dominado absolutamente la economía, la política, así como los demás ámbitos de la sociedad”.
También señala que el actuar de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, al abrirle una investigación por presunta organización criminal fue de una “furibunda opositora política antes que como defensora de la legalidad”. Además, que acusa al Congreso de haber seguido un “plan de derrocar” a su gobierno, el cual, según su criterio, emprendió en el tercer procedimiento de vacancia presidencial del 7 de diciembre del 2022.
Pedro Castillo confesó que al verse “acorralado por fuerzas golpistas” y al notar “movimientos extraños de tropas militares y contingentes policiales” decidió dar el recordado intento de golpe de Estado, cuando anunció el cierre del Parlamento, la convocatoria a nuevas elecciones parlamentaria y un gobierno de excepción con la reorganización del sistema de justicia. No obstante, el exjefe de Estado sostiene que dicho mensaje a la Nación fue “un acto político declamativo y no constituyó un acto de gobierno formal propiamente dicho”, ya que, según él, no se elaboró ninguna acta del mensaje presidencial ni tampoco se emitió ningún decreto.
En la carta, Castillo sigue relatando su perspectiva de los ellos afirmando que fue intervenido por comandos de élite en la vía pública que lo llevaron a “ser encerrado en una base policial” donde no fuese capaz de enterarse de lo que estaba ocurriendo y “ganar tiempo para realizar la votación en el Congreso”. Así, cuenta que fue “violenta y arbitrariamente detenido”.
“Pongo en su conocimiento que, luego de que los jueces alineados con el nuevo gobierno me impusieran prisión preventiva, he sido traído a una prisión en la cual se me ha mantenido bajo incomunicación telefónica con mis más cercanos familiares. (...) También se me ha tapado con toldos toda posibilidad de percibir la luz solar”, aseveró.
Pronto, el expresidente se refiere a la mandataria Dina Boluarte como una “usurpadora puesta por el Congreso” a quien acusó de las lamentables muertes durante las marchas antigubernamentales.
A continuación, hace una exhortación a la Mesa Directiva del Consejo de Derechos Humanos y a los Estados partes, para que soliciten información a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que brinden una explicación sobre el retraso de su denuncia, “situación que pondría en cuestionamiento la independencia y objetividad de su mandado y la oficina que tiene a su cargo”.
Finalmente, expresó que el país “vive en un lawfare”, con “un Congreso que monitorea al Poder Judicial y una ex Fiscal de la Nación investigada con el Defensor del Pueblo y congresistas en una presunta organización delictiva”.
