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El congresista de la bancada de Perú Libre, Alfredo Pariona, presentó un proyecto de ley que busca establecer agravantes por el delito de receptación y crea la prohibición de realizar trámites civiles para quienes adquieran o utilicen celulares robados.
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“La presente ley tiene la finalidad de combatir la receptación de teléfonos celulares en el país y dictar medidas que desaliente su alta compra por parte de la ciudadanía, que eleva la inseguridad ciudadana y tiñe de sangre nuestras calles, normalizando la compra de estos productos provenientes del delito como una conducta socialmente admitida, lo que incrementa este flagelo”, se indica en la iniciativa presentada por la agrupación oficialista.
Según el proyecto de ley los robos de celular oscilan en 4000 al día, que, aunado a su capacidad de reventa, por la necesidad de trabajo remoto o clases virtuales, ha generado un mercado negro, cuya tolerancia social tiñe de sangre las calles.
“Comprar un celular robado, constituye el delito de receptación. Es como comprar autopartes robadas. Pero no podemos mandar a la cárcel a miles de compradores a diario. Con ello, la sociedad viene normalizando la compra de estos equipos”, indicó Pariona a este medio.
Por ello, según el legislador, la sanción debe ser de la muerte civil por un año, que consiste en la prohibición para realizar trámites civiles como: suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), así como realizar viajes al interior y exterior del país; y en general todo trámite ante la administración pública.
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“Todo ciudadano puede comprobar fácilmente si el IMEI es adulterado, le explico: marca el *#06# y deberá comprobar que ese número en pantalla, programable, coincida con el IMEI real que está grabado en la parte posterior del equipo móvil o atrás de la batería si es extraíble. Solo así podremos desalentar este delito y actuar como sociedad responsable. Adicionalmente proponemos por ello agravar la conducta con pena de 6 a 10 años para el receptador que vende equipos móviles en establecimientos comerciales”, destacó el parlamentario.
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