El congresista de la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario, Esdras Medina, presentó una moción de orden del día en la que propone la creación de una comisión multipartidaria investigadora en relación con las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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La moción N° 10412, establece que la comisión tendrá la responsabilidad de esclarecer los hechos y, en última instancia, sancionar a los responsables por la presunta comisión de delitos relacionados con la declaración testimonial de Villanueva Barreto.
Asimismo, se especifica que el grupo de trabajo estará conformado por ocho congresistas y tendrá un plazo de 120 días para desarrollar sus investigaciones, el cual podría ser ampliado según sea necesario. Se requerirá la presentación de un informe final, aunque también se podrán presentar informes parciales.
En su comunicación, Medina hace referencia a la declaración de Villanueva, en la que se afirma que este propuso al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez la incorporación de José Domingo Pérez al Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, sin que Pérez perdiera un bono que recibía como fiscal anticorrupción.
Además, se destaca que, según el testimonio de Villanueva, Pérez Gómez mantenía una relación cercana con el periodista Gustavo Gorriti, quien habría dirigido la investigación del caso ‘Cócteles’ contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori.
También se menciona que, según el exasesor, el suspendido fiscal Rafael Vela, excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, buscó el respaldo mediático de Gorriti para la investigación que abrió contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto cobro de coimas a la empresa Odebrecht en relación a las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Villanueva también afirmó que Vela Barba intentó “acorralar” a Alan García cuando este acudió a una citación del Ministerio Público. Según el exasesor, Gorriti publicó en su portal IDL un reportaje que mostraba los recibos del pago que Odebrecht hizo al expresidente por conferencias, con la intención de ejercer presión mediática para lograr su impedimento de salida del país.
Después de que el Poder Judicial dictara el impedimento de salida contra el fallecido exmandatario, este intentó solicitar asilo en la embajada de Uruguay. Sin embargo, en abril de 2019, García Pérez se quitó la vida disparándose en la cabeza.
