El Poder Judicial (PJ) dictó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor de televisión, Andrés Hurtado, por el caso de presunto tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos; mientras que la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei enfrentarán comparecencia con restricciones.
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Así, ante el peligro procesal, el PJ aceptó el pedido del Ministerio Público para imponer 18 meses de prisión preventiva contra el excómico, conocido como “Chibolín”.
Tras esta decisión, Andrés Hurtado será trasladado próximamente a un centro penitenciario. Estará privado de su libertad hasta el 18 de marzo de 2026
“Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva, formulada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el extremo formulado contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados”, se lee en la resolución.
No obstante, el juez Juan Carlos Checkley rechazó el requerimiento fiscal y dictó comparecencia con restricciones para Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei, también implicados en este caso.
Suspenden a jueza Paola Valdivia
De otro lado, la trama de tráfico de influencias que envuelve al cómico Andrés Hurtado Grados propició la suspensión por seis meses de la jueza superior Paola Luz Valdivia Sánchez, magistrada de la Corte Superior de Lima. Además, será objeto de un procedimiento administrativo disciplinario.
La resolución fue adoptada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) a través de su Unidad de Procedimiento Disciplinario.
Según la ANC-PJ, a la magistrada Valdivia Sánchez “se le atribuyen faltas muy graves como el presunto uso de lenguaje procaz en intervenciones públicas, la presunta remodelación del departamento, entre otros”.
La medida cautelar de suspensión temporal tiene el objetivo de asegurar el normal desarrollo del procedimiento disciplinario y garantizar la eficacia de la resolución final, precisa el texto de la nota difundida por la ANC-PJ.
Agrega que la resolución se fundamenta en las normas de la Constitución, y en el Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario (de la ANC-PJ), y de las Medidas de Prevención.
FALTAS GRAVES
Tras las primeros reportes del periodista Umberto Ortiz, la jueza Valdivia Sánchez hizo una llamada telefónica usando un lenguaje procaz en el que lanzó improperios y amenazas en un intento de frenar investigaciones periodísticas.
“Yo tengo todas las imágenes que el extorsionador de Beto (Ortiz) no los ha sacado. Del Estudio Muñiz desde Ugaz. Así que, que me toque y yo hablo”, se le oye en una grabación de Willax.
Con anterioridad, la jueza admitió en una entrevista que Andrés Hurtado había “remodelado” un departamento suyo situado en la Av. Brasil, en el distrito de Pueblo Libre.
Días después negó lo que había afirmado, señalando que solo había sugerido ideas de una remodelación.
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