El Poder Judicial ha decidido revocar la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y los otros tres implicados en el caso ‘Waykis en la Sombra’, quienes son acusado por presunta organización criminal.
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El hermano de la jefa de Estado y su abogado, Mateo Castañeda, así como otros involucrados, fueron detenidos el pasado viernes 10 de mayo durante un operativo denominado ‘Valkiria-Jericó’.
Revocan detención preliminar
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada argumentó que la resolución inicial no había proporcionado una justificación adecuada sobre el riesgo de fuga o la posibilidad de que los investigados obstruyan el proceso judicial.
En su fallo, leído en la noche del viernes durante una audiencia, los jueces señalaron que la instancia previa no había fundamentado suficientemente la necesidad de mantener a los acusados en detención preliminar.
“Nicanor Boluarte sí presenta arraigo en el país, siendo el único indicador de cierta posibilidad de fuga la gravedad de la pena. (...) Sin embargo, ello por sí solo no constituye un elemento determinante. (...) En ese orden de ideas, no existe evidencia objetiva alguna de que el investigado Nicanor Boluarte pueda ser proclive a incurrir en peligro procesal, ameritando ello la revocatoria de la detención preliminar e incomunicación”, expresó la jueza Sonia Torre Muñoz.
“No es necesaria la medida de detención preliminar judicial, menos aún el estado de incomunicación de los investigados”, agregó la magistrada.
La decisión de revocar la detención preliminar también se aplica para Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Boluarte, así como los otros investigados.
¿Cuándo serán liberados?
Cabe señalar que la decisión no significa que no exista evidencia o que la investigación fiscal carezca de fundamentos sobre presuntos actos ilícitos. En ese sentido, la Sala criticó que el juez de primera instancia no haya justificado adecuadamente el supuesto riesgo de fuga o de obstrucción.
Tras emitir su fallo, se ordenó que los investigados sean trasladados de vuelta a la sede policial donde estaban detenidos y sean liberados una vez que se les notifique formalmente la decisión. Además, es importante señalar que al ser una resolución de segunda instancia, esta medida no puede ser apelada.
Nicanor Boluarte rechazó acusaciones
El hermano de la presidenta negó categóricamente haber aceptado sobornos o dinero ilícito de nadie. Declaró que sus ingresos provienen de su profesión y confirmó que no ha trabajado en la administración pública desde que renunció durante el mandato de Pedro Castillo.
“Siempre he vivido de mi trabajo, mi actividad económica está probado con mis recibos de honorario profesionales y con los impuestos pagados a la Sunat puntualmente”, aseguró Nicador Boluarte.
Por otro lado, Boluarte aseguró que cuenta con arraigo familiar y tiene una residencia establecida en el país, motivo por el que apela la detención preliminar en su contra. “Vivo con mi hija de 24 años, que está estudiando en la universidad y yo soy el único que sustento la economía de mi casa”, exclamó.
Mateo Castañeda solicitó no ser investigado por la Diviac
Argumentando su integridad profesional y ética, Castañeda solicitó ser eximido de cualquier investigación por parte de la Diviac. Además, negó tajantemente tener relación alguna con los miembros de la supuesta organización criminal y rechazó las acusaciones en su contra como infundadas.
“No tengo llamadas, no tengo reuniones, no tengo nada que me vincule con los demás investigados, si lo tuviera la Fiscalía ya hubiera aportado el elemento de convicción”, señaló.
En ese sentido, expresó su preocupación por ser investigado por la Diviac, y señaló que se estarían vulnerando sus derechos constitucionales.
“Los hechos que se me imputan tiene que ver con que yo habría intentado desactivar a la Diviac y, también, dice la Fiscalía que he conseguido separar al coronel (Harvey) Colchado. A continuación, quién me investiga, la Diviac me investiga, me allana, me detiene (…) Yo pregunto, ¿pueden los propios agraviados dirigir, investigar el propio delito que se ha cometido supuestamente en contra de ellos? Esta es una violación grave a mis derechos constitucionales y al debido proceso”, agregó el abogado de Dina Boluarte.
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