Desde que se denunció la presunta existencia de una red de prostitución en el Congreso de la República, un sector de la institución intentó desviar la atención del caso.
Primero, personal del Parlamento difundió a los medios de comunicación un documento sin validez que concluía que Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso vinculada a la red que fue acribillada, no fue el blanco de sicarios, sino el conductor del taxi que la trasladaba.
Sin embargo, desde el Congreso, al no tener éxito, optaron por un segundo camino: Mellar al congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, grupo que tiene a su cargo la pesquisa sobre la presunta red.
¿De qué forma? De acuerdo a la información que recibió Correo, buscan imponer la idea de que existe un conflicto de intereses de parte del legislador para hacerse cargo de la investigación.
PRIMEROS PASOS
La segunda semana de enero, este medio y otros más, recibieron tres documentos que fueron difundidos por el personal del Congreso.
Dos de ellos correspondían a informes periciales realizados por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público (MP) sobre Andrea Vidal y José Daniel Vargas Briceño, conductor del taxi.
Además, incluyeron un tercer documento bajo el título de “protocolo de necropsia” sin ninguna firma de algún perito o experto que lo haya realizado, menos con el sello de ninguna institución.
El documento, que no podía ser tomado en serio, tiene cuatro páginas en las que describe cuántos impactos de bala recibió cada víctima, además, se hace mención de los antecedentes policiales que pudiera tener el conductor Daniel Vargas.
Así, sin mayores detalles o análisis, el informe concluye que el taxista era probablemente el objetivo principal del ataque.
“La participación de sicarios y la magnitud del ataque coinciden con un ajuste de cuentas por motivos criminales”, señala el papel.
INTENTO
Debido a que el documento no logró la acogida que esperaban, el Congreso no tuvo mejor idea que compartir el documento en su cuenta oficial.
“Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi”, señala el mensaje en la cuenta X.
Incluso, instaron a la Fiscalía a acelerar la investigación para esclarecer los hechos y a la Policía para tomar las acciones con el objetivo de capturar a los sicarios.
Al respecto, fuentes consultadas por Correo, refirieron que dicho “protocolo de necropsia” difundido por el Parlamento, no pertenece a la Fiscalía.
Además, el conductor fallecido no registra denuncias ni antecedentes, tampoco se encontraron amenazas en sus dos celulares, hecho contradice lo que intentaba vender el Congreso.
El polémico comunicado provocó una avalancha de críticas de usuarios.
En tanto, la congresista Norma Yarrow exigió la destitución inmediata de la jefa de Comunicaciones del Congreso, la excongresista fujimorista y ahora devenida en militante apepista Alejandra Aramayo, quien habría dado la orden de la publicación del tuit.
Correo se puso en contacto con el Congreso y con Aramayo para tener su versión sobre el polémico mensaje en redes. Sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos una respuesta.
Desde el Congreso compartieron un memorando del oficial mayor Giovanni Forno, en el que precisa que por orden del presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, todo comunicado o publicación en redes sociales institucionales, debe contar con su autorización previa. Si bien el documento tiene fecha 13 de enero, el sello que aparece en la imagen es el del día 17 de enero, es decir, un día después de la polémica publicación.
CONFLICTO
A esta sala de redacción también llegó información de parte de personal del Congreso sobre Enma Evelyn Vilchez Cerna, esposa del congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización.
Al respecto, indicaron que cuando Luis Valdez Farias de Alianza para el Progreso (APP) fue gobernador regional de La Libertad (2015-2018) firmó un documento que autorizaba que la Procuraduría Regional de dicha gestión inicie acciones legales contra Enma Vilchez por la presuntamente falsificación de firma.
Por otro lado, el 27 de mayo de 2019, la funcionaria fue sancionada con 30 días sin goce de remuneración.
El motivo: Se ausentó de su trabajo en el Centro Regional de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional bajo el argumento de incapacidad temporal y presentó certificados de salud. Sin embargo, esos días fue a dictar clases en una institución universitaria.
El objetivo de la información que recibimos, según personal del Congreso, es “demostrar” la existencia de un conflicto de intereses de parte de Burgos, lo que le impediría continuar a cargo del caso de la presunta red de prostitución, pues alegan que utiliza su cargo para vengarse.
Además, sostienen que por dichos aspectos antes mencionados es susceptible de una denuncia ante la Comisión de Ética.
Ahora bien, olvidaron mencionar que la esposa de Burgos demandó al Gobierno Regional de La Libertad y ganó.
El Poder Judicial (PJ) resolvió que debían pagarle una indemnización, por ese motivo, en abril del 2023 se publicó una resolución firmada por César Acuña, gobernador regional de La Libertad, en el que autorizó y reconoció el pago de 4 mil soles por daño cesante y daño moral, así como el pago de honorarios profesional por 800 soles y 40 soles para el Colegio de Abogados de esa región.
Otro aspecto relevante es que dos meses antes de la resolución antes mencionada, la esposa del legislador fue designada secretaria del Consejo Regional, documento que también lleva la rúbrica de Acuña Peralta.
Si bien duró poco en ese puesto, Vilchez Cerna pasó a ocupar entre enero y junio del 2024, el cargo de Directora del Programa Sectorial II, programa que depende de la Presidencia Regional.
Es decir, que el Gobierno Regional que lidera APP no tuvo inconvenientes en mantener a la esposa de Burgos en diferentes cargos. Sin embargo, ahora que se conoce el caso de la presunta red de prostitución decidieron difundir la información.
EXTRA
Hay otro hecho que no puede pasar desapercibido. Se trata de la presentación de Patricia Durand Vásquez, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones del Parlamento.
Ella fue nombrada presidenta de la comisión Ad Hoc que se encargaría del proceso disciplinario contra Jorge Torres Saravia, presunto líder de la red de prostitución. Sin embargo, renunció al igual que otras dos integrantes.
Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización para explicar los motivos de su dimisión, la funcionaria explicó que Secretaría Técnica del Congreso era el área encargada de delimitar cuál es la falta, evaluar la naturaleza de esa falta, proponer el requerimiento de la información y establecer qué sanción podría recibir. Sin embargo, dicha área se limitó únicamente al envío de la información que se publicó en un reportaje periodístico.
Por ahora, estas son algunos de los hechos que evidencian cómo un sector del Congreso intenta arruinar la investigación sobre la presunta existencia de una red de prostitución.
