El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, habló sobre la propuesta del Ejecutivo para establecer el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, con penas que van entre los 30 años de cárcel y la cadena perpetua.
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Si bien la iniciativa aborda los delitos de sicariato y extorsión, también alcanza a aquel ciudadano que “toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio”.
La propuesta señala que los policías y militares que sean denunciados por “actos realizados en cumplimiento de sus funciones”, en el marco de los estados de emergencia, no serán investigados ni procesados en el fuero civil.
Para Canelo Rabanal incluir la tipificación de terrorismo urbano “no tiene sentido”, pues los delitos de extorsión y sicariato ya poseen penas altas, incluso cadena perpetua. “El cambiar de nombre no soluciona nada”, dijo en RPP.
El decano del CAL considera que se pretende reprimir a quienes participen en medidas de reclamo. “En cuanto la protesta, soterradamente lo que se quiere es, por ejemplo, que el que proteste podría ser objeto de un proceso represivo, cosa que no corresponde”, resaltó.
“Yo creo que no hay una verdadera voluntad del Estado para luchar contra la delincuencia y lo que hay son, más bien, paliativos, disuasivos o un discurso populista, demagógico, en relación con las leyes, no tengo duda de ello”, agregó.
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