La Comisión de Ética Parlamentaria volvió a blindar a una congresista denunciada por recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho.
Esta vez se trata de Rosío Torres, legisladora que fue electa por el partido Alianza para el Progreso (APP).
El grupo de trabajo que sesionó ayer no respaldó el informe final que recomendaba sancionar a la parlamentaria con una suspensión de 120 días, sino que prefirió apoyar una propuesta para solo amonestarla de manera pública y que pague una multa equivalente a su salario mensual (15,600 soles).
De esa forma, Torres se suma a la lista de congresistas “mochasueldos” blindadas por Ética junto a Heidy Juárez (Podemos) y Magaly Ruíz (APP). Las tres parlamentarias mencionadas son investigadas por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de concusión.
DEFENSORES
El caso de Torres nació con una denuncia periodística en la que se sindicó a su sobrino Juan Pérez Guerra como el encargado de recaudar parte del sueldo de los trabajadores. Se registraron varias visitas del implicado al despacho de su tía.
Al verse descubierta, la parlamentaria no tuvo mejor idea que borrar de manera inmediata el chat de WhatsApp con su familiar.
Posteriormente, se reveló que la Fiscalía detectó que el sobrino de Torres retiró los depósitos entregados por los empleados cerca a los dos domicilios que tiene la legisladora en Lima.
Además, Nathaly Rubio Yllatopa, una extrabajadora de Torres, relató que el personal de la parlamentaria fue obligada a firmar documentos, papeles que la apepista presentó en Ética como declaraciones juradas que la limpiaban de toda responsabilidad.
Por ese motivo, el equipo técnico de Ética recomendó una suspensión de 120 días sin goce de haber. Sin embargo, antes de que la propuesta sea sometida a votación, la congresista Cheryl Trigozo (APP) planteó una cuestión previa para reducir la sanción a una amonestación pública y 30 días multa.
“Esta denuncia nace a raíz de una nota con datos no corroborados. No existe una prueba veraz y contundente”, afirmó.
Por su parte, Javier Padilla (Renovación Popular) cuestionó la labor de la prensa al revelar las denuncias de recortes de sueldos.
“Hay que añadir que los medios de comunicación, últimamente, tienen un afán destructivo contra nosotros”, dijo el legislador.
“Quisiera hacer mención de que están espiando las comunicaciones desde los balcones del mismo Hemiciclo que ya constituye una violación a la intimidad”, agregó.
LOS VOTOS
Finalmente, la cuestión previa que propuso Trigozo para salvar a Torres se aprobó con ocho votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
Los congresistas que votaron a favor del blindaje fueron María Agüero, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz, todos de Perú Libre; así como Nelcy Heidinger y Cheryl Trigozo de APP.
También respaldaron reducir la sanción Elías Varas (Perú Bicentenario), Luis Aragón (Acción Popular) y Javier Padilla (Renovación Popular).
Kelly Portalatino (Perú Libre) y Óscar Zea (Bloque Magisterial) votaron en abstención, lo que también beneficia a la parlamentaria Torres de manera indirecta.
La votación de ayer es similar a la que recibió el caso de Heidy Juárez (Podemos) el 9 de junio.
La parlamentaria fue denunciada por presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho y de la Comisión de Cambio Climático, que ella presidió.
Al menos cuatro extrabajadores dieron su testimonio ante un medio periodístico, declararon que entregaron dinero a la cuenta de Miguel Chafloque, asesor principal de Juárez.
En esa oportunidad, Kelly Portalatino (Perú Libre) fue la que planteó una cuestión previa para variar la sanción, lo que finalmente se concretó (ver infografía).
El caso de la podemista y exapepista fue el precedente para el blindaje posterior de otros legisladores.
Así se evidenció con el caso de Magaly Ruíz (APP), también denunciada por apropiarse del sueldo de uno de sus trabajadores bajo la modalidad de “aporte mensual” de 1500 soles.
Esa vez, fue su colega de bancada Nelcy Heidinger la encargada de presentar la cuestión previa para reducir su sanción.
Incluso, Ruíz se encuentra muy confiada en que el pleno del Congreso ratificará la reducción de su sanción, pues ya se adelantó y envió un oficio a Javier Ángeles, oficial mayor del Congreso, para que se fraccione en 12 cuotas la multa de 30 días que deberá abonar.
“Solicito que se realice tal descuento en mis haberes, fraccionándolo en 12 meses”, se lee en el escrito.
Cabe precisar que las decisiones aprobadas en Ética deberán ser ratificadas en el pleno para su aplicación.
La Comisión de Ética tiene pendiente ver otros informes finales por denuncias de recortes de sueldos: María Acuña (APP), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Marleny Portero y José Arriola de Acción Popular, así como las no agrupadas María Cordero Jon Tay y Katy Ugarte.
El grupo que preside Karol Paredes (Acción Popular) podría sesionar de manera extraordinaria a fin de concluir algunos de los últimos casos mencionados.
“Estamos prácticamente finalizando la legislatura hoy día (ayer) y esperamos reencontrarnos cuando se inicie la nueva legislatura, tal vez programamos una sesión extraordinaria que en su momento vamos a ir comunicando”, concluyó la acciopopulista.
EN EL LIMBO
Otro caso que abordó la Comisión de Ética fue el de Katy Ugarte (No agrupada), congresista denunciada por despedir a una trabajadora en estado de gestación.
El equipo técnico de la comisión recomendó suspender por 30 días a la parlamentaria. Sin embargo, la propuesta no se aprobó porque la mayoría votó en abstención: María Agüero, Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino y Flavio Cruz de Perú Libre; Cheryl Trigozo (APP), Elías Varas (Perú Bicentenario), Luis Aragón (Acción Popular) y Óscar Zea (Bloque Magisterial).
Por ese motivo, el grupo de trabajo tendrá que votar el caso en una próxima sesión.
Al término de la sesión, Ugarte defendió su decisión de despedir a su trabajadora embarazada.
“Si hay cese cuando incumplen las funciones congresales. Yo más bien soy la que está siendo utilizada por ella”, declaró a la prensa.
