Sada Goray, la empresaria a quien se le atribuye haber pagado 5.4 millones de soles en sobornos durante el Gobierno de Pedro Castillo, se encuentra hoy presa en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Sin embargo, la trama de corrupción de la dueña de la inmobiliaria Marka Group, empresa que se benefició en el Fondo Mivivienda (FMV), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, tiene a servidores públicos que deberán responder frente a las autoridades judiciales.
Y es de acuerdo con un informe de la Contraloría al que accedió Correo, al menos 26 funcionarios del FMV tendrían responsabilidad penal al estar comprendidos en los hechos que terminaron beneficiando a Marka Group (ver infografía).
LOS HECHOS
El 3 de febrero de 2021, Sada Goray le comunicó al FMV la intención de su empresa inmobiliaria Marka Group de suscribir un convenio para otorgar créditos hipotecarios para la adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS).
En los siguientes meses, su compañía intercambió una serie de correos electrónicos con la entidad.
José Forero Monroe (Gerente Comercial), Paulo Morán Villanueva (Jefe del Departamento de Administración de Canales y atención al Cliente), Hernando David Carpio Montoya (Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales) e Iván Nino Huertas Gastiaburú (Gerente de Riesgos y miembro del Comité de Riesgos) fueron los que recibieron la documentación que envió Goray.
Sin embargo, ninguno de ellos hizo alguna observación relacionada a los formularios que envió la empresaria.
Se advierte que se intercambió documentación por correo electrónico, hecho que contraviene a las normas.
A los nombres antes mencionados se suman Linda Ávila (Gerente Legal) y María Teresa Rivas (Asesora de Gerencia Comercial), funcionarias que accedieron a las comunicaciones y tuvieron conocimiento de la información remitida por Marka Group. Incluso, opinaron sobre el cumplimiento de los requisitos.
Posteriormente, el 18 de agosto de 2021, sesionó de manera virtual el Comité de Riesgos del FMV conformada por la presidenta Greta Pedal, así como los miembros José Olivares, Bruno Novella e Iván Huertas. En calidad de participante estuvo presente Sandro Cáceres, jefe del Departamento de Riesgo de Crédito y Seguimiento de Cartera.
En la sesión, Paulo Morán expuso que Marka Group presentó la solicitud de suscripción para otorgar préstamos y que cumplió los requisitos. Sin embargo, la Contraloría dio cuenta de que la compañía de Goray no presentó los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios anuales, la clasificación de riesgos externa vigente y la declaración jurada sobre el origen de los fondos que se destinarán para el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria.
“Finalmente, el 15 de setiembre de 2021, se aprobó la suscripción del convenio sin haber presentado todos los documentos solicitados conforme a la normativa aplicable”, reza el informe.
La Contraloría advierte que los funcionarios que firmaron y visaron el convenio, permitieron que se supriman aspectos importantes y de cumplimiento.
MÁS
La acción de control también se realizó para determinar si la estructuración de fideicomisos de los proyectos “Las Praderas de Cacatachi”, “Chiclayo Bonito”, “Lima Bonita”, “Barranca Bonita”, “Piura Bonita” y “Villas del Alto Laran-Etapa 2″ con participación del FMV, se realizó conforme a la normativa.
Al respecto, la Contraloría identificó que funcionarios del FMV firmaron y visaron las adendas cuando no les correspondía según el manual.
Por ejemplo, por “Lima Bonita” firmaron Juan Toledo (Gerente de Operaciones) e Iván Grados (Gerente de Finanzas), cuando lo correcto era que la firma obligatorio debía ser del gerente general y el legal.
Por otro lado, el 15 de setiembre de 2021, Roberto Soto, entonces presidente del Directorio del FMV tuvo conocimiento de los informes presentados para que Marka Group acceda a la suscripción del convenio. Sin embargo, aprobó el acuerdo a pesar de que la empresa no cumplió los requisitos establecidos.
El 30 de setiembre de 2021 se designa a nuevos integrantes del Directorio del FMV: Como directores Gonzalo Arrieta y Roger Gavidia, mientras que como presidente se nombró Pedro Arroyo. Estos dos últimos, cumplen actualmente prisión preventiva.
Según la declaración del periodista Mauricio Fernandini, la designación de los mencionados se dio luego del primer pago de un soborno a Salatiel Marrufo de parte de Goray.
El nombre de Luz Mayhua también aparece en el informe. La Contraloría refiere que la supervisora de Fideicomisos participó de manera presencial del acuerdo del 18 de octubre de 2021, cuando se aprobó el contrato de al menos cinco proyectos. “Ella dio su visto bueno digital al documento”.
Lucas Sarmiento (Gerente de Proyectos Inmobiliario y Sociales) y Hernando Carpio (Gerente de Proyectos Inmobiliario y Sociales) también firmaron.
Al grupo se suma Pablo Pérez, gerente legal, por visar el 19 de octubre de 2021 el convenio con Marka Group al igual que Fiorella Viavaca, entonces jef del Departamento de Asesoría Legal en Asuntos Corporativos.
Se menciona también que Liezbeth Heredia (Funcionaria en la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales) era funcionaria responsable cuando se suscribieron contratos entre octubre de 2021 y mayo de 2022.
A Ernesto López, director del FMV, se le sindica de emitir su voto a fin de aprobar la participación de la entidad en el fideicomiso del proyecto “Barranca Bonita”, porque al director debía tener un enfoque y opinión normativa.
Mientras que en el proyecto “Praderas de Cacatachi” se advierte que a través de la supervisora de Fideicomisos Luz Mayhua, así como los especialistas en seguimiento Melisa Coral, Ketin Espíritu y César Salazar, se informó de la situación del avance físico y financiero de cada etapa del proyecto.
“Los servidores y funcionarios tenían conocimiento de la modificación del cronograma y atraso recurrente del contratista en la ejecución de las obras de habilitación urbana y en la ejecución de viviendas del proyecto , no obstante que el cronograma establecía que en junio de 2022 debía culminar el 100% de los trabajo, sin embargo, al cabo de siete meses solo alcanzó el 20%”, señala el documento.
CLAVE
El informe de la Contraloría de 264 páginas recomienda que toda la información sea remitida al presidente del Directorio del FMV, para que traslade los casos a la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda.
“Remitir el presente informe a fin de iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación de la presente auditoría, con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan”, concluye el documento.
