Siete congresistas de Perú Libre tienen familiares contratando con el Estado

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, las personas que cumplen una función pública, así como sus familiares, no pueden contratar con el Estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo y no fiscalizan a su entorno.

Sin embargo, parece que algunos padres de la patria han optado por hacer caso omiso de la norma y no han fiscalizado a su entorno.

Correo identificó que al menos siete de los 16 congresistas que integran la bancada de Perú Libre (PL), tienen a familiares que han contratado con el Estado este 2022.

¿SUERTE?

El primer legislador que tiene a familiares contratando con el Estado es Waldemar Cerrón, vocero de la agrupación política.

Sus cuñados Edwin y Domingo Angulo Manrique tienen el 50% cada uno de las acciones de la empresa Hermanos Angulo Sociedad Anónima Cerrada - Hnos Angulo S.A.C con RUC 20608434276.

La compañía que tiene como actividad la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, se registró como proveedora del Estado el 3 de febrero de este año y tres meses después, obtuvo un contrato por S/795,797.30 con la Municipalidad Distrital de Chilca en Huancayo.

Además, se registra que obtuvo otro contrato por S/807,707.00 con la misma institución este año.

Un dato no menor es que el alcalde de esa municipalidad es Carlos de la Cruz Sullca, militante de PL.

El segundo caso es de Flavio Cruz Mamani. Según su declaración jurada de intereses, su hermano Edgar es un estudiante con trabajos informales.

Él se registró el 27 de abril de este año como proveedor del Estado y dos días después obtuvo una orden por S/5100.00 con un programa de empleo temporal – Lurawi Peru, entidad ascrita al Ministerio de Trabajo.

Mientras que su hermana María Luz tuvo un contrato en noviembre de 2021 con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por S/16 mil y este año un contrato por S/24 mil.

Mientras que Abel Maqueta Humpiri, cuñado del legislador, tiene una orden por S/31,100.00 con la municipalidad de Socabaya, Arequipa.

El tercer congresista de PL en esta historia es Abel Reyes Cam. Su cuñado José Cornejo Acevedo es médico y ha facturdo S/9100.00 este año con la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud de la FAP.

EN FAMILIA

Sin duda, los hermanos han tomado protagonismo en las contrataciones con el Estado.

Martha Gonza Castillo, hermana del congresista Américo Gonza, es contadora y parece tener mucha suerte.

Ella registró su RUC 10410842357 el 7 de agosto de este año, una semana después, obtuvo una orden de servicios por S/3 mil en el Proyecto Especial Jaen – San Ignacio – Bagua. Es decir, en la unidad ejecutiva que depende del Ministerio de Agricultura.

Pero así como las hermanas obtienen contratos, también las medio hermana lo hacen.

Por ejemplo, Rosa Janet Caycho Chacara es hermana por parte de madre de la congresista Janet Rivas Chacara.

De acuerdo con la declaración jurada de la parlamentaria, su hermana es comerciante, pero ha podido facturar S/6 mil este año con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Otros beneficiados con órdenes de servicios son los hermanos de la congresista María Taipe Coronado.

Mirthia y Percy Taipe tienen el 25% y 50% de acciones de la empresa AMDK Group S.A.C., respectivamente.

El 30 de noviembre de 2021 accedieron a una orden por S/9920.26 con el Poder Judicial y el 24 de marzo de este año por S/21,700.00.

DOBLE

Un caso a revisar es el de Margot Palacios. De acuerdo con su declaración jurada, su conviviente es Abel Yupanqui Llancari, a quien señaló como empleado del Ministerio de Agricultura.

Efectivamente, su conviviente es profesional en la Dirección de Desarrollo de Comunidades Campesinas Nativas y de Gestión Social desde enero de 2021 con una remuneración de S/8 mil.

Sin embargo, Abel ha contratado con la unidad ejecutora 003: Fomento al consumo humano directo (del Ministerio de la Producción) por S/16,120.00 este año.

Si bien presta el servicio con esta unidad desde el 2014, no se detuvo al asumir un puesto en el Estado y menos aún, cuando su conviviente fue electa parlamentaria.

Correo se comunicó con los siete congresistas mencionados en esta nota, sin embargo, solo contestó la congresista Janet Rivas.

Ella aseguró “no tener conocimiento” de que su medio hermana haya contratado con el MTC por S/6 mil y nos recomendó hablar con ella.

“No la veo hace mucho tiempo”, afirmó a este diario.

ANÁLISIS

Para la expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, las declaraciones juradas que presentan los congresistas no están funcionando.

“OSCE no sanciona a los familiares que contratan con el Estado, deben estar impedidos de contratar, sino fuera por las denuncias de la prensa, no estarían al tanto de la información”, sostuvo.

En diálogo con Correo, la abogado consideró que se debería tener una base de datos con el nombre de los familiares y/o personas que no pueden contratar con el Estado.

“El artículo 11 de la Ley de contrataciones del Estado prohíbe que los convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, puedan contratar. En esa lista están los hermanos, cuñados y otros”, precisó.

Finalmente, consideró que los casos deben ser tomados en cuenta por la Comisión de Ética del Congreso y el Ministerio Público.