A paso de tortuga. Así de lento avanza el proceso judicial contra Susana Villarán de la Puente, exalcaldesa de Lima, para quien la Fiscalía solicita 29 años de pena efectiva por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
A poco de cumplirse cinco años desde que la exburgomaestre reconoció que siempre estuvo al tanto de los aportes que hicieron las empresas Odebrecht y OAS para sus campañas del No a la revocatoria (2013) y su reelección (2014), la investigación no pasa a juicio ni tiene una fecha estimada de inicio.
El caso se encuentra desde mayo de 2023 en la etapa inicial del control de acusación, con audiencias a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz que llevan casi 10 meses entre sesiones.
Mientras tanto, Villarán disfruta del verano en la piscina de una casa en Lurín ubicada frente al mar.
DEMORA
El 25 de agosto de 2022, el fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó ante el Poder Judicial (PJ) el requerimiento acusatorio contra la exalcaldesa Susana Villarán.
En el documento se le imputa el ser la presunta líder de una red criminal que operó desde el 2010 al 2015.
La exautoridad edil habría logrado recolectar 11,293,816.60 dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a cambio de entregarles la concesión de Vías Nuevas de Lima (hoy Rutas de Lima) y la adenda 1 de Vía Expresa Línea Amarilla.
A pesar de la confesión de la exalcaldesa, los testimonios de colaboradores y la entrega de pruebas, el PJ recién dio inicio a las audiencias del control de acusación (el paso previo al juicio oral) el 8 de mayo de 2023, es decir, después de ocho meses.
Desde entonces, las audiencias de control de acusación se realizaban entre dos a tres veces por semana debido a que el caso incluye a más de 20 personas (ver infografía).
Sin embargo, el último registro de una audiencia realizada sobre el caso que fue transmitida por las redes oficiales de Justicia TV el 11 de enero, sesión que duró un poco más de dos horas.
Es decir, hace casi 50 días.
Correo consultó con el PJ acerca de la audiencia del 11 de enero, debido que al finalizar la sesión, el juez Chávez Tamariz programó la siguiente audiencia para el “próximo jueves”, es decir, el 18 de enero, aunque no hay registro de video de la sesión.
Desde el PJ nos indicaron que no podían precisar si se realizaron más audiencias, porque tal vez sí las hubo.
Es importante mencionar que el magistrado a cargo del caso Villarán también estuvo al frente de las audiencias de los casos El Tren de Aragua, Jaime Villanueva (exasesor de Patricia Benavides) y “Los Intocables de la Corrupción”.
MOTIVOS
Silvana Carrión, procuradora del caso Lava Jato, recordó que la Fiscalía presentó la acusación contra Villarán en agosto de 2022, requerimiento de cuatro mil páginas que contiene 1840 pruebas. “Al PJ le tomó ocho meses llamar a audiencias. Hay mucha carga, es un caso grande”, afirmó.
En diálogo con canal N, Carrión explicó que el control de acusación, paso al previo del juicio oral, tiene tres fases: El control formal, el control sustancial y la admisión de medios probatorios.
En ese sentido, precisó que el caso de Villarán está en la primera etapa del control de acusación que recién inició el año pasado.
“Aquí no tiene nada que ver con el juez que lleva el caso, tiene que ver con una organización del PJ”, sostuvo.
En esa línea, reiteró su propuesta para que el sistema de justicia asigne jueces dedicados exclusivamente para atender los casos emblemáticos, iniciativa que no tuvo aceptación con anterioridad.
La procuradora se refirió a la misma propuesta en RPP.
“Entonces aquí lo que hemos identificado nosotros como Procuraduría, también la Fiscalía ciertamente es que necesitamos que el PJ designe jueces a dedicación exclusiva para atender estos casos de Lava Jato”, sostuvo.
Recordó por ejemplo que en el caso Interoceánica que involucra al expresidente Alejandro Toledo, se presentó la acusación en julio de 2020. Sin embargo, el control de acusación inició en 2023, es decir, después de tres años.
“Esto aceleraría estos casos muchísimo (tener jueces exclusivos), porque ahora con el caso de la señora Susana Villarán, la acusación se presentó en agosto de 2022 en abril se citó a la primera audiencia de control de acusación, ocho meses después y a la fecha estamos febrero de 2024 y todavía seguimos en control de acusación”, cuestionó.
Fuentes de este medio refieren que la demora también está asociada a las 100 observaciones a la acusación formuladas por las partes.
PELIGRO
Por otro lado, un dato que llama la atención en medio del proceso judicial contra Villarán tiene que ver con la declaración de Leo Pinheiro, expresidente de OAS.
El 26 de abril de 2019, Pinheiro confesó ante los fiscales peruanos que aceptó el pago de 6 o 7 millones de dólares a favor de José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente general municipal de Villarán, a cambio de subir los peajes.
Sin embargo, sus dichos no podrían ser usados en un eventual juicio contra la exburgomaestre.
De acuerdo con Fernando Silva, abogado de Pinheiro, el PJ todavía no acepta la colaboración de su patrocinado. El motivo: La Fiscalía no ha presentado todavía la solicitud ante el PJ.
“Lo que hay es un preacuerdo y hay el inicio de la colaboración eficaz y la culminación de la parte de corroboración de lo declarado por el señor Pinheiro”, dijo.
“Es un colaborador eficaz que no tiene una resolución que lo declara como tal a nivel judicial”, agregó.
En diálogo con el programa de Milagros Leiva, el letrado explicó que el Ministerio Público utiliza, de mala forma, las declaraciones de su patrocinado. Sin embargo, mientras no sea declarado como colaborador, los problemas se presentarán cuando llegue el enjuiciamiento.
“No va a poder declarar como testigo siendo imputado”, sostuvo.
En ese sentido, Silva aclaró que cuando un colaborador eficaz no es validado como tal por la justicia, “todo lo declarado no puede ser usado en ninguna investigación, ni mucho menos en un juicio”.
No se entiende por qué hasta la fecha no se hace el requerimiento oficial para que Pinheiro sea colaborador eficaz.
Incluso, hace un año su abogado Silva explicó que su patrocinado es un delator premiado ante la justicia de Brasil y que ya se encontraba en un proceso de colaboración eficaz con el Perú que “debería concluir en los próximos meses”.
