El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) respondió a la presidenta Dina Boluarte indicándole que si quiere evitar una medida de fuerza que interrumpa el desarrollo de clases -que se inician el 11 de marzo- debe llamar al diálogo y cumplir con los compromisos suscritos para atender las demandas del magisterio.
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La mandataria había referido: “no podemos estar amenazando como cierto sector diciendo que en abril debe empezar con las huelgas. Eso no tiene que ser de esa manera. No sería justo que, por no conversar en paz, ellos (alumnos) tengan que perjudicarse”.
Ante ello, Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, indicó que su gremio está cansado de tocar en vano las puertas del gobierno y el Congreso; y le pidió a la mandataria que, si es coherente con sus llamados al diálogo, “ponga fecha y dé respuestas concretas a las demandas”.
El dirigente dijo que en vez de negarle al magisterio el derecho a la huelga o a la movilización, Dina Boluarte debería cumplir con la negociación colectiva suscrita el 2023 entre el Sutep y el Gobierno, donde el Ejecutivo se comprometió a mejorar la infraestructura de las escuelas -que tiene un déficit de 166 mil millones de soles, 40% de colegios sin agua potable y el 30% sin electricidad- además de garantizar la alimentación de los escolares, pensiones y sueldos dignos para los jubilados, maestros y auxiliares activos respectivamente.
Castro Chipana señaló que las mesas de diálogo o de trabajo están bien, siempre que se cumpla con los documentos suscritos; pero el gobierno se niega a respetar las demandas incluidas en el pliego de reclamos suscrito el año pasado, así como el artículo constitucional que otorga el 6% del PBI a la educación.
“El gobierno debe cumplir con el aumento salarial de 500 soles para los docentes nombrados y contratados, fijado para marzo del 2024 según el cronograma establecido en la Negociación Colectiva”, sostuvo.
El dirigente dijo también que la mejora de la alimentación escolar es un factor clave para el desarrollo integral y el rendimiento académico; que es vital la aprobación del Proyecto de Ley 4786 que crea el régimen especial de pensiones y jubilación de los docentes de la carrera pública magisterial. Agregó que el gobierno debe cumplir con la Ley 31495, que establece el pago de la deuda social sin judicializar, entre otros puntos.
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