Los acusados deberán responder por sus actos. Foto: GEC archivo
Los acusados deberán responder por sus actos. Foto: GEC archivo

La cercanía y la confianza con las víctimas fueron el punto de partida de tres casos graves de abuso sexual contra menores de edad ocurridos en Arequipa. Tras varios años de investigación y juzgamiento, el Ministerio Publico logró que dos de los imputados sean condenados por los abusos cometidos y un tercero vaya a prisión a la espera de su proceso.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar consiguió que P.J.C. sea sentenciado a 35 años de cárcel por el delito de violación sexual cometido contra una menor de 13 años que pertenece a su circulo familiar.

Según la investigación realizada, los hechos se remontan al año 2020. En plena pandemia, la víctima solía acudir con frecuencia al domicilio del sentenciado que se dedicaba a ser chófer de transporte y quien aprovechó ese aparente entorno de seguridad y confianza para acercarse a la niña y perpetrar reiteradas veces el abuso sexual. Aterrada, la víctima logró contar lo que había vivido permitiendo que la policía capture al agresor.

DOCENTE

De manera similar, otro proceso penal culminó con la condena de nueve años de prisión efectiva contra Jaime Pauccara, hallado responsable en primera instancia del delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad.

En este caso, los hechos ocurrieron en setiembre de 2022, cuando el docente, aprovechando la relación de confianza generada durante las clases particulares que le brindaba a la víctima, incurrió en actos contra la indemnidad sexual de la víctima. En este caso, el órgano jurisdiccional dispuso que la sentencia quedó consentida en segunda instancia.

SERENO

El tercer caso corresponde al sereno identificado como Yeison Q. A. quien fue recluido con nueve meses de prisión preventiva al ser acusado de abusar sexualmente de su sobrina política durante varios años en la provincia de Islay. En audiencia la fiscal Beatriz Borda sustentó que el imputado habría ultrajado a la menor desde los 5 hasta los 6 años. El investigado aprovechaba que vivían en el mismo inmueble en el distrito de Cocachacra, para cometer el abuso.

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