El aspirante analizó la crisis del sistema educativo, la salud mental y propuso una vigilancia supranacional para frenar la corrupción.
En el ámbito cultural ya lo conocen, ha tenido programas de TV y es psicólogo, pero para quienes no lo ubiquen, ¿quién es Andrés Luque? Soy Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, tengo 52 años y soy psicólogo de profesión con maestría y estudios de doctorado. También soy bachiller en Derecho, ambos estudios por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Soy psicoterapeuta y docente en la UNSA y en la Universidad Católica por concurso público. He estado vinculado a la gestión cultural y al teatro, representando políticamente estos espacios, y desde el 2017 lidero a los docentes contratados; actualmente soy parte del sindicato de docentes universitarios. Es la primera vez que postulo al Congreso.
Bajo su experiencia en la UNSA, hablemos de educación ¿Qué propone Primero la Gente para reforzar el sector? Nos comprometemos a implementar el 6% del PBI que manda la Constitución. Proponemos no solo construir, sino destruir colegios en pésimo estado para dotarlos de tecnología de punta; no podemos tener edificios que parecen de hace 20 años. Somos partidarios de la educación sexual para prevenir violaciones e informar a adolescentes y padres. Además, implementaremos una red de educación socioemocional a nivel escolar y universitario.
Usted ha mencionado estar en contra de la actual Ley Universitaria ¿Por qué la considera una “contrarreforma”? Estamos totalmente en contra de lo que ha hecho este Congreso. Han implementado una contrarreforma bajo una “falsa autonomía” donde las universidades hacen lo que quieren y se licencian solas. Hay universidades brindando servicio virtual toda la carrera. Además, se han creado universidades por insistencia, como la de Camaná y el Cono Norte, que son solo leyes declarativas y populistas; no tienen ni comisión organizadora. Esto solo busca que la universidad pública se ahogue sin presupuesto —este año la UNSA recibió 30 millones menos— para favorecer a las privadas que tienen representantes en el Congreso.
Cerca de 14,000 jóvenes quedaron fuera en el último proceso de admisión de la UNSA ¿Arequipa necesita otra universidad nacional? Las universidades deben estar en relación al desarrollo regional. Si se hace un estudio serio, quizás te das cuenta de que no necesitas más universidades, sino reforzar la educación técnica calificada. El problema es que se ahoga a la pública para que el padre de familia, en su desesperación, matricule a su hijo en una privada que muchas veces no es de calidad. Debemos entender que con la inteligencia artificial muchas profesiones quedarán en desuso; no podemos seguir promocionando lo mismo.
La salud también atraviesa una crisis ¿Qué responsabilidad tienen los partidos tradicionales en esto? Habría que preguntarle al señor Acuña y a su partido (APP), que han manejado el sistema de salud por años y lo han terminado de destruir. Estamos en la peor crisis de la historia. Además, la descentralización ha fracasado: el 70% del presupuesto se va en planillas y los gobiernos regionales no pueden contratar profesionales porque eso se decide en Lima. Proponemos una red nacional de salud mental y mejorar la infraestructura. El Goyoneche debería ser patrimonio histórico y ya debería existir un hospital nuevo. No es posible que en 2026 la gente de Tacna o Cusco siga saturando Arequipa por falta de especialistas en sus regiones.
Pasemos a la seguridad ¿Qué medidas concretas propone frente al avance del crimen? Lo primero es derogar las leyes “pro-crimen”. Revisarlas no, derogarlas. Escuché a un candidato hablar de “grupos de aniquilación”; eso es demagogia y vulgariza la política. Las leyes actuales son un cartel que invita a las mafias internacionales a venir al Perú por las facilidades que encuentran. Proponemos reformar la policía: identificar y retirar a los malos elementos, y a los buenos, darles tecnología. Todos los policías deberían portar una cámara corporal que grabe cada segundo de su servicio, como en otros países.
¿Cómo combatir la corrupción enquistada en el Estado? Proponemos la creación de un organismo supranacional de transparencia y vigilancia. Todo funcionario —senadores, diputados, alcaldes— debería tener reuniones públicas y transmitidas virtualmente. Los únicos que pueden tener reuniones secretas por seguridad de Estado son el Presidente y las Fuerzas Armadas. El “derecho a no hablar” de un servidor público no debería existir; en esos silencios se lee la corrupción.
¿Siente que los actuales congresistas han fallado en su labor de fiscalización? Totalmente.
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