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En enero del 2014, un desastre natural causó el embalse del río Mantaro por la zona que pertenece al distrito de Cuenca.
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No obstante, lo que debía ser la recuperación de la zona afectada, terminó en un proceso judicial que ahora se encuentra en etapa de juicio oral que, a la fecha, lleva varias audiencias, siendo la última, la presentación de los especialistas de la Contraloría como testigos del caso.
Asimismo, otros seis testigos se presentarán en la siguiente audiencia del juicio oral.
JUICIO ORAL ESTÁ EN ETAPA DE DECLARACIÓN DE TESTIGOS
Debido al embalse, el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) logra la declaratoria de emergencia por 60 días, la que a su vez es prorrogada hasta el 26 de mayo de ese año.
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Esto permitió que INDECI diera presupuesto al GRH para la recuperación de la zona afectada, la cual debía hacerse en 4 componentes.
El primero era llevar y traer las maquinarias; el segundo, crear un cauce temporal en la margen derecha del río; el tercero, la recuperación del puente colonial de Izcuchaca y del cauce original; y el último, el saneamiento del cauce temporal.
“La acusación tiene dos partes: la primera es la exoneración del proceso de selección, el cual se aplica cuando un caso está en estado de emergencia; sin embargo, el GRH lo realiza cuando la declaratoria había vencido”, dijo Walter Blua, abogado de la Procuraduría Anticorrupción de Huancavelica.
El letrado explicó que la segunda parte es sobre el pago a la empresa que debía hacer los trabajos del primer y segundo componente, los cuales no fueron realizados.
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“En la audiencia anterior se llamó a declarar a especialistas de la Contraloría que, para este caso, fueron presentados como testigos expertos. Los testigos son los que elaboraron el Informe de Auditoría N° 26-2015, que sirvió como base para ser el proceso penal, y donde se dio cuenta de las primeras irregularidades. Esto reforzó la acusación fiscal”, manifestó Blua.
La Procuraduría está solicitando 966 mil 230.60 soles de reparación civil, de los cuales, 600 mil soles es por reparación extrapatrimonial. Por su parte, la Fiscalía pide 4 años y 8 meses de pena para todos los investigados, menos para el representante de la empresa, de quien están solicitando 6 años de cárcel.
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Este caso tiene 15 investigados por presunta negociación incompatible, y un imputado por presunta negociación incompatible y uso de documento falso.
