se pronunció sobre los recientes casos de violencia y asesinatos registrados en la provincia, en el marco del estado de emergencia vigente, y demandó una respuesta más contundente del Gobierno central, en lo referido a logística, equipamiento y personal

Pedido del edil

La autoridad edil expresó su preocupación por el incremento de hechos delictivos ocurridos en las últimas semanas, entre ellos el asesinato de ciudadanos locales, lo que, según indicó, ha generado indignación en la población y evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad.

El burgomaestre señaló que, si bien la provincia ha sido incluida en un régimen de emergencia y se ha elevado la categoría policial en la jurisdicción, dichas medidas no están siendo suficientes debido a la falta de recursos operativos. En ese sentido, cuestionó que las fuerzas del orden no cuenten con unidades móviles, combustible ni equipamiento adecuado para ejecutar patrullajes permanentes.

“Declarar en emergencia no puede quedarse en el papel”, sostuvo, al tiempo que exhortó al Ministerio del Interior a priorizar la atención a Pisco.

El alcalde también solicitó la presencia permanente de equipos especializados de investigación y control, así como acciones de fiscalización migratoria más estrictas en la provincia, señalando que parte de los hechos delictivos estarían vinculados a ciudadanos extranjeros que, según afirmó, habrían ingresado con fines delictivos.

En esa línea, planteó la necesidad de reforzar los operativos de identificación y expulsión de personas en situación irregular o involucradas en actividades criminales, precisando que estas medidas deberían ejecutarse de manera constante y no solo de forma eventual.

Asimismo, pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades mediante denuncias y alertas sobre actividades sospechosas, resaltando que la lucha contra la inseguridad debe ser asumida de manera conjunta entre instituciones y población.

Limitaciones operativas

Fuentes Hernández también cuestionó las limitaciones logísticas tanto de la Policía Nacional como de las unidades militares desplegadas en el marco del estado de emergencia, señalando que en muchos casos los patrullajes no se ejecutan de forma continua debido a la falta de transporte y recursos básicos.

Indicó que la municipalidad viene brindando apoyo logístico para el desplazamiento de personal, pero que ello no resulta suficiente frente a la magnitud del problema de seguridad.

En cuanto a las acciones municipales, la autoridad informó que se encuentra en proceso la culminación del expediente técnico para la ampliación del sistema de videovigilancia en la provincia, que actualmente cuenta con alrededor de 90 cámaras y tiene proyectada una capacidad de hasta 150 equipos.

Asimismo, anunció la adquisición de nuevas unidades para serenazgo, entre camionetas y motocicletas, además del fortalecimiento del equipamiento del personal de seguridad ciudadana. Estas acciones serían complementadas con el apoyo de la empresa privada mediante la incorporación de más vehículos para patrullaje.

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