Una severa condena quedó firme en Ica luego de que la Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha lograra la confirmación de 22 años de pena privativa de la libertad efectiva contra tres hombres hallados responsables de un delito contra la libertad sexual en agravio de una joven de 21 años.
Condena definitiva
Los sentenciados fueron identificados como Jesús Alberto Rueda Palacios, Cristofer Leonardo León Ramírez y Pedro Carlos García Pérez. De acuerdo con la resolución emitida por la Sala Penal Superior, los tres participaron como coautores en los hechos investigados, por lo que se mantuvo la sanción impuesta inicialmente por el órgano jurisdiccional de primera instancia.
Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritupac Centeno sustentó nuevamente la posición del Ministerio Público y defendió la legalidad de la sentencia. En su exposición, resaltó la consistencia de los medios probatorios actuados durante el juicio oral, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal de los ahora condenados.
Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre de 2022, en una vivienda ubicada en el distrito de Parcona. La investigación estableció que los implicados habrían aprovechado el estado de vulnerabilidad e indefensión de la agraviada para cometer el ilícito denunciado.
Tras escuchar a las partes procesales y revisar los argumentos presentados, la Sala Penal Superior concluyó que la sentencia dictada en primera instancia se ajustaba plenamente a derecho. En consecuencia, declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas técnicas, que buscaban la absolución de los procesados o la nulidad del fallo
Además de la pena de cárcel efectiva, la resolución judicial confirmó la inhabilitación definitiva de los sentenciados en los alcances establecidos por ley. Asimismo, se ratificó el pago solidario de S/150 mil por concepto de reparación civil, monto que deberá ser entregado a favor de la agraviada como resarcimiento por el daño ocasionado.
Como medida complementaria, el Poder Judicial dispuso que los condenados sean sometidos a tratamiento terapéutico especializado. Esta decisión forma parte del conjunto de acciones orientadas al cumplimiento integral de la sentencia y a la ejecución de las disposiciones emitidas por la autoridad competente.
El Ministerio Público señaló que la confirmación del fallo representa un resultado importante en la lucha contra los delitos de violencia sexual. Indicó además que se continuará impulsando investigaciones rigurosas y acusaciones debidamente sustentadas para garantizar sanciones dentro del marco legal vigente.
El caso generó atención en la región por la gravedad de los hechos y por el proceso judicial desarrollado desde la etapa preliminar hasta la revisión en instancia superior. La decisión final ratifica el rol de las instituciones encargadas de investigar, juzgar y sancionar conductas que vulneran derechos fundamentales
Finalmente, las autoridades recordaron que las personas afectadas por hechos de violencia pueden acudir a la Policía, Fiscalía o centros de atención especializados para presentar denuncias y solicitar medidas de protección. También exhortaron a la ciudadanía a no guardar silencio frente a cualquier forma de agresión.
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