Los consejeros están convencidos que si les otorgan facultades para interpelar y censurar a los gerentes del Gobierno Regional de La Libertad, su trabajo de fiscalización sería mucho más efectivo.

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Por eso coincidieron en manifestar que ahora es el momento para que la gobernadora Joana Cabrera Pimentel firme la ordenanza regional aprobada el año 2020, que les permitirá tener dicha atribución.

HISTORIA

Se trata de la Ordenanza Regional N° 013-2020-GRLL-CR, la misma que consiente la salida de gerentes, subgerentes, jefes de oficinas regionales y directores de proyectos especiales que no logren obtener la aprobación del Consejo Regional. No obstante, en aquel entonces fue el exgobernador Manuel Llempén Coronel quien se negó a firmar y promulgar la disposición. Durante la gestión de César Acuña Peralta, el Consejo Regional ratificó la aprobación de la referida ordenanza, pero el líder de Alianza para el Progreso (APP) se negó a firmarla. Esto, a pesar de que la Tercera Sala Civil del Poder Judicial de La Libertad se lo ordenó.

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INSISTEN

Robert De la Cruz, consejero por Trujillo, comentó que esa ordenanza es una herramienta determinante para fortalecer el trabajo de fiscalización. “No es algo que pedimos porque se nos ocurra; hay una orden judicial que la gobernadora (Joana Cabrera) tiene que cumplir”, agregó.

En tanto, el consejero por Pataz Frak Sánchez Rojas, sostuvo que esa norma les serviría para tener “un mejor control político” y que los gerentes y funcionarios hagan su trabajo. “Para muestra un botón: el gerente de salud, Aníbal Morillo (hoy detenido), hace tiempo se hubiera ido a su casa y no se hubiera esperado el destape (sobre presuntos actos de corrupción) que hizo un programa periodístico dominical”, añadió.

En esa línea, el otro consejero por Pataz, Luis Rodríguez Ponce, dijo que es “urgente” que la gobernadora Joana Cabrera firme la ordenanza.

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