La jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad dijo que preocupa la escalada de violencia que puede ocurrir en la zona si las demandas no son escuchadas.
La jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad dijo que preocupa la escalada de violencia que puede ocurrir en la zona si las demandas no son escuchadas.

Preocupación. Mientras los días pasan, la tensión crece en la población de la y se corre el riesgo de que en cualquier momento se desate una convulsión social.

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Ante ese contexto, María del Carmen Olórtegui Risco, jefa de la Defensoría del Pueblo en la región La Libertad, instó al Ejecutivo a programar en el menor plazo posible una nueva mesa de diálogo en Pataz para que se atienda la demanda de la población que exige se modifique el Decreto Supremo N° 060-2025.

La norma la dictó el Ejecutivo para tratar de hacer frente a la minería ilegal y ola criminal que golpea a la zona. La medida entró en vigencia el 8 de mayo y comprende el toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y la paralización de actividades mineras por 30 días. Precisamente, es este último punto el que exigen se modifique para que miles de mineros vuelvan al trabajo.

PLURALIDAD

La representante de la Defensoría del Pueblo recomendó a los ministros de Estado que lleguen a Pataz a permitir la participación de todas las autoridades y los actores sociales de la provincia.

“Existe una honda preocupación por lo que sucede en Pataz, debido a que hay evidencia de una posible escalada de violencia y convulsión social porque sienten que no son escuchados”, dijo María del Carmen Olórtegui Risco.

El pasado jueves 29 de mayo, cuatro ministros de Estado y técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) arribaron a Pataz para instalar una mesa de diálogo, pero no se llegó a ningún acuerdo.

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SIN ACUERDOS

Ocurrió que la comitiva de funcionarios llegó a la provincia andina dos horas después de la hora pactada (11 de la mañana) y posteriormente los ministros no habrían permitido la participación de varios actores de la sociedad civil, quienes exigían ser escuchados.

Ante esa situación, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, dijo que “desconocía” esa mesa de diálogo.

El resto de autoridades políticas, dirigentes de mineros artesanales y ronderos se reunieron y acordaron dar un plazo de 72 horas al Ejecutivo para que organice una nueva mesa de diálogo; sin embargo, ese lapso termina hoy y el Gobierno no ha señalado fecha para una próxima reunión.

La misma María del Carmen Olórtegui comentó ayer que no había comunicación sobre una nueva mesa de diálogo en Pataz. “Eso nos preocupa”, acotó.

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