El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) indicó que los primeros cien días del nuevo Gobierno Central serán determinantes para frenar la minería ilegal, una actividad que ya supera al narcotráfico como economía ilícita y que también golpea a la región La Libertad, principalmente a la provincia de Pataz.

RESPUESTA

En ese sentido, la plataforma presentó días atrás diez propuestas para desactivar esta economía ilícita.

Una de las medidas que debería tomar el Ejecutivo es cerrar definitivamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Ese registro se convirtió en escudo para mineros informales que siguieron extrayendo oro sin controles. El nuevo gobierno no debería ampliarlo más, sino diseñar un régimen temporal que anticipe su cierre”, señaló.

Otra propuesta es aplicar el principio de responsabilidad ambiental para que los mineros que operan en zonas prohibidas respondan en los penal y lo civil. Además, debería garantizarse presupuesto para la lucha contra la minería ilegal. “No se pueden realizar interdicciones en las zonas controladas por mafias si la Fiscalía no tiene recursos”, enfatizó.

César Ipenza Peralta, especialista del OMI, manifestó que el nuevo gobierno debe entender que la minería ilegal “ya es la principal actividad delictiva del país y la que más dinero mueve, con cerca de 11,500 millones de dólares [anuales]”.

CIFRAS

La minería formal en La Libertad —principalmente de oro— es el mayor contribuyente al presupuesto de inversión local, con las provincias de Pataz, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión como principales beneficiarios, pues representan el 76%, precisó el OMI.

Según una publicación del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2025 “Pataz acumuló el 69% de las denuncias por minería ilegal” en toda La Libertad.

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