La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque presentó acusación contra exfuncionarios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y el representante del Consorcio Gallo por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de mejoramiento de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Acusación
El requerimiento acusatorio fue presentado ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque por el fiscal provincial titular José Oscar Guevara Gilarmas, del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción.
Según la tesis fiscal, los investigados habrían concertado acciones para evitar la aplicación de penalidades económicas derivadas del retraso en la ejecución del proyecto, cuyo plazo contractual venció el 14 de mayo de 2016. No obstante, la obra continuó pese a que aún existían partidas inconclusas, entre ellas acabados, instalación de vidrios y pisos.
La acusación sostiene que, para impedir la resolución del contrato y justificar la continuidad de los trabajos, se impulsó irregularmente la aprobación del adicional de obra n.° 2, referido a la construcción de una subestación eléctrica tipo caseta de 400 KVA. De acuerdo con la investigación de Guevara Gilarmas, dicha infraestructura no era indispensable para cumplir la finalidad principal del contrato, por lo que debió ejecutarse mediante un nuevo proceso de contratación.
El Ministerio Público afirma además que el adicional habría sido tramitado sin certificación presupuestal y mediante informes técnicos y legales emitidos cuando el contrato principal ya había vencido. Para la Fiscalía, esta maniobra permitió ampliar de manera irregular el plazo de ejecución hasta diciembre de 2016 y evitar el cobro de la penalidad máxima al contratista.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los retrasos y las observaciones sobre partidas inconclusas quedaron registrados en diversos asientos del cuaderno de obra elaborados tanto por el inspector como por el residente del proyecto. En dichos documentos se dejó constancia de trabajos pendientes relacionados con acabados, instalación de pisos, vidrios y otras partidas de la obra principal, incluso varios meses después de vencido el plazo contractual.
La Fiscalía calcula un perjuicio económico de S/309.534,39 para el Estado, monto equivalente al 10% de penalidad que, según la acusación, debió aplicarse por los 206 días de retraso acumulado.
Pedidos de cárcel
Entre los acusados figuran Emilio de la Rosa Ríos, exjefe de la Oficina General de Proyectos de Infraestructura (OGPI) de la UNPRG, para quien se solicita seis años y seis meses de prisión; Rosemary Elizabeth Taboada Veliz, exjefa de la Oficina de Desarrollo Físico de Obras, también con un pedido de seis años y seis meses; José Adán Rondoy Cavero, inspector de obra, para quien la Fiscalía solicita nueve años de cárcel; Luis Gilberto Carrasco Lucero, exjefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con un requerimiento de seis años y seis meses; y Rudorico Díaz Pérez, abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, igualmente con un pedido de seis años y seis meses de prisión.
Asimismo, la acusación comprende a Julio Orlando Villalobos Díaz, representante del Consorcio Gallo y residente de obra durante parte de la ejecución del proyecto, para quien el Ministerio Público solicita seis años de prisión en calidad de cómplice del presunto delito de colusión agravada.
