En noviembre de 2025, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor) recibió una denuncia contra dirigentes de construcción civil de Ferreñafe, entre ellos, Ricardo Cruz Mauro Antón (72), quien el último lunes fue asesinado a balazos frente a su vivienda.
El finado figuraba como uno de los denunciados y se encontraba en la mira de la Fecor por los presuntos delitos de organización criminal, coacción y extorsión agravada.
“Diversas personas vinculadas al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la Provincial de Ferreñafe, Distritos y Anexos, vienen realizando cobros indebidos y amenazas contra empresarios y obreros, exigiendo pagos como condición para permitir su ingreso o permanencia en obras públicas y privadas”, consta en la disposición fiscal.
Detalles
La denuncia la formuló el empresario de iniciales C.G.C., el 03 de noviembre de 2025, señalando que era víctima de amenazas directas y actos de intimidación por parte de los miembros de la organización sindical.
Precisó que estos sujetos querían obligarlo a aceptar imposiciones laborales y económicas contrarias a la ley, por lo que decidió recopilar pruebas para denunciarlos.
Indicó que los hechos se encuentran documentados en diversos audios, videos y transferencias mediante el aplicativo Yape. “Esto demuestra la existencia de un sistema organizado de cobros ilegales y coercitivos”, detalló.
Asimismo, puso a disposición un video en el cual se le amenaza expresamente de muerte si no cede ante las exigencias del sindicato. “Dicho material contiene expresiones claras de intimidación, hostigamiento y amenaza contra su vida, lo que revela un grave peligro para su integridad física”, refirió
Incluso, aseguró que el ahora finado Ricardo Cruz Mauro Antón, junto a José Luis Valladolid Yopán, como representantes del sindicato, reconocieron públicamente los cobros efecutados a obreros y empresarios como requisito para poder trabajar o ejecutar obras en Ferreñafe.
“Estas declaraciones - emitidas entre los minutos 18:00 y 42:36 del video publicado en redes sociales - constituyen una admisión pública de actos ilícitos y revelan un modus operandi extorsivo y de coacción sistemática contra el sector construcción”, acotó.
Además, mostró las transferencias efectuadas mediante Yape por varios obreros, lo que demuestra que eran obligados a realizar pagos a determinadas cuentas vinculadas al sindicato a fin de poder acceder a los puestos de trabajo.
“Estos hechos han afectado directamente la ejecución de la obra Instituto López Albújar, poniendo en riesgo los plazos contractuales, la seguridad del personal y la continuidad de un proyecto de interés público”, aseveró.
Frente a esta denuncia, el fiscal José Díaz Nepo, de la Fecor - Lambayeque, decidió formalizar investigación preliminar contra los que resulten responsables, por el plazo de ocho meses.
Para ello, autorizó a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) realizar videovigilancia a los presuntos responsables, a fin de determinar sus lugares de residencia y dónde cometen los hechos delictivos.
