La Gerencia Regional de Educación (GRED) de Lambayeque autorizó el pago a ocho locadores de servicios, pese a que existe una investigación en curso por presunto direccionamiento en las contrataciones, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de la normativa en la administración pública regional.
Pagos observados
Los documentos internos revelan que entre el 3 y el 10 de febrero de 2025 se emitieron órdenes de servicio a ocho locadores: Iván Elvin Ordoñez Estrella (S/ 10,500), Gisella Ortiz Miranda (S/ 9,000), Yohswar Alberto Mendoza Cabrera (S/ 7,500), Leticia Nataly Pisfil Chanduvi (S/ 7,800), Brando Smith De La Cruz Vásquez (S/ 9,000), José Arturo Solano Campoverde (S/ 9,000), Ingrid Yesenia Riofrío Quijano (S/ 9,000) y Jhon Eduardo Sánchez Caycay (S/ 9,000).
Varios de estos pagos no se habían ejecutado inicialmente, ya que las órdenes permanecían en la Oficina de Administración sin la notificación formal a los proveedores. Según el exjefe de Abastecimiento, Javier Puelles Gasco, las órdenes no fueron notificadas, lo que hace cuestionable la validez de la ejecución de los servicios y evidencia fallas en el procedimiento administrativo.
Según los informes a los que accedió Correo, la mayoría de los pagos no se había ejecutado porque las órdenes permanecían en la Oficina de Administración, sin notificación formal a los proveedores, generando retrasos en la ejecución contractual.
El Informe N° 000108-2025 y otros documentos previos señalan que, pese a que la documentación de los locadores estaba completa, existía un proceso de investigación abierto ante el Órgano de Control Interno (OCI) por presunto direccionamiento. El informe recomienda suspender temporalmente los pagos, señalando que avanzar con ellos podría convalidar irregularidades.
Asimismo, los informes muestran que la Gerencia de Educación solicitó informes técnicos y legales sobre la viabilidad de suspender los pagos, pero la oficina de Administración procedió a mantener las órdenes en trámite, lo que contradice las advertencias internas y los principios de control interno.
El 18 de diciembre de 2025, el gerente regional de Educación, Jhonny Arévalo Arriaga, emitió el memorando N° 000596-2025, autorizando la continuidad de los pagos a los ocho locadores.
El memorando sostiene que la documentación cumple con la Directiva N° 000003-2024 y la Ley de Contrataciones, pero omite considerar que existe una investigación en curso por presunto direccionamiento, así como los retrasos en la notificación de las órdenes y la falta de registros claros de conformidad de algunos servicios.
Trabajadores de la GRED advierten que autorizar los pagos sin esperar la conclusión de la investigación podría configurar responsabilidad administrativa y contradecir el principio de prudencia en la gestión de recursos públicos.
Los documentos muestran además que dos jefes de Abastecimiento sucesivos no recibieron correctamente los expedientes, lo que evidencia problemas de gestión interna y falta de coordinación que podrían haber facilitado presuntas irregularidades en la contratación.
Correo intentó comunicarse con el gerente Jhonny Arévalo Arriaga, para conocer su versión sobre la autorización de los pagos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
A este escenario se suma la orden de servicio N.° 0001168, de 11 de diciembre de 2025, mediante la cual la GRED contrató a Fernando Mondragón Deza por S/ 4,500, para brindar asistencia legal en la Oficina de la Secretaría Técnica. No obstante, consultado por este medio, el abogado Mondragón Deza señaló que su contrato es por un plazo de 25 días, que no existe ninguna irregularidad en la contratación y que, hasta el momento, no ha recibido pago alguno por el servicio prestado.
