El plan para reducir el grave hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, contempla en una primera etapa la excarcelación de hasta un 6% del total de internos.
El jefe de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Henry Chirinos Alvarado, informó que se trata de un esfuerzo muy necesario que involucrará a otras instituciones del sector justicia.
Actualmente, el recinto alberga a 4 280 reclusos, además del personal penitenciario. Este servicio comenzó a funcionar en el año 1987 y fue construido para recibir a mil personas.
Evaluación
“El INPE está coordinando un plan de deshacinamiento con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y la Defensoría Publica. La propuesta es que los reos por delitos como omisión a la asistencia familiar, estafa y otros puedan ser liberados, previa evaluación de un juzgado”, explicó Henry Chirinos. Pero esta solución se pondría en marcha de forma progresiva, porque también dependerá de la situación de cada procesado. Quienes hayan cometido delitos menores tendrán más opciones para dejar atrás el Penal de Chiclayo.
Esta estrategia permitiría la salida de un número aproximado de 250 sentenciados.
El pasado 12 de mayo, un grupo de autoridades se reunió en Chiclayo para analizar la propuesta en una mesa de trabajo. Los acuerdos están orientados a la pronta ejecución de medidas concretas, entre ellas el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la evaluación célere de beneficios penitenciarios y mecanismos procesales, así como el seguimiento permanente a los compromisos asumidos por las instituciones involucradas.
Pero la sobrepoblación ha facilitado la comisión de delitos por parte de integrantes de redes criminales, como la extorsión, secuestro y microcomercialización de drogas.
Sobre ese preocupante problema, Chirinos señaló que el Consejo Nacional del INPE ha dispuesto que los agentes penitenciarios ejecuten hasta tres requisas semanales en las celdas, a fin de detectar celulares, chips, cargadores y otros objetos prohibidos. “Los resultados siempre se comunican a la Fiscalía y Policía, incluso se les solicita participar en los operativos”. Durante una feria productiva del INPE, el funcionario dijo que continúan las gestiones con otras autoridades para concretar la ampliación del establecimiento, que dependerá de la licencia social de la jurisdicción de Picsi.
Sin avance
El alcalde del distrito de Picsi, Juan Coronado, informó que no ha participado en reuniones con el INPE o el Gobierno Regional de Lambayeque, para el otorgamiento de la licencia social a favor de la ampliación del penal.
Agregó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha presentado nuevas solicitudes al municipio para tratar sobre ese tema.
