El abogado Paul Gustavo Quispe Cornejo interpuso una denuncia penal contra la fiscal provincial, Karim Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, denuncia calumniosa, fraude procesal, encubrimiento personal, prevaricato y cohecho.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía de la Nación el 30 de noviembre de 2023. En dicho documento se acusa a la fiscal de ser cabecilla de una supuesta organización criminal “enquistada en lo más profundo del Ministerio Público de Lambayeque”.

Diario Correo tuvo acceso a la denuncia en la que también se incluye a asistentes fiscales, exfiscales, notarios, abogados y brazos operativos; entre los que figuran alias “El Mago”, “La Artista”, “La Ahijada”, “El Negro Uribe”, “El Cholo Ramos”, “El Pirañita Ramos” y “El Borracho”.

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Sindicándole el apelativo de “La Gánster”, el denunciante refiere que la fiscal Ninaquispe Gil utilizaría el aparato estatal para hacer una persecución ilícita a determinados personajes, mediatizando la investigación, adjuntando pruebas ilícitas, así como también eliminando evidencias de manera irregular.

“Todo esto con la finalidad de establecer una relación comercial con los investigados de los casos a fin de generar réditos económicos para su organización (…) Solo pone en celeridad y retardo casos en los cuales los investigados puedan generar altos réditos económicos”, indicó.

Asimismo, sostiene que la coordinadora de peritos del Ministerio Público, Jannina Hurtado Cerna, nombraría a profesionales de su elección con la finalidad de “darle fuerza a imputaciones ficticias a investigados”. Además cuestiona su idoneidad en el cargo, pues no figuraría en el Registro de Peritos Judiciales (Repef).

En su escrito, el denunciante hace alusión a los investigados que la fiscal habría perjudicado con su supuesta actuación irregular, como es el exalcalde de Chiclayo, Marcos Gasco (caso Veolia). “Tenía todas las herramientas suficientes para solicitar alguna medida coercitiva contra los involucrados, pero no ha sido así”.

Asimismo, el empresario Christian Serquén Alfaro (caso Callayuc). “La denunciada habría permitido la eliminación de pruebas del celular en el caso investigado”. También se refiere al exgobernador, Anselmo Lozano Centurión (caso Imperio del Mal). “La investigación tiene adelanto de opinión debido a que la coordinadora de peritos, Jannina Hurtado, se pronuncia en redes sociales”.

Del mismo modo, alude al exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse (caso Faenones de Olmos). “Siempre la fiscal tratando de mediatizar el tema, realizando declaraciones, adelantando opinión, por el cual fue quejada, pero una vez más protegida”.

FISCAL NO HA SIDO NOTIFICADA

Diario Correo se comunicó con la fiscal, Karim Ninaquispe, para conocer sus  descargos sobre esta grave denuncia, pero dijo que aún no ha sido notificada, por lo que prefirió no dar declaraciones.

Cabe indicar que la fiscal solicitó 6 años de cárcel para el exalcalde de Chiclayo, Marcos Gasco, por el delito de colusión agravada, debido a que durante los primeros meses de su gestión en el 2019, la comuna alquiló 10 compactadoras a la empresa Veolia causando un perjuicio económico de S/ 249.750. El juicio ha sido programado para el 6 de junio de 2024.

Asimismo, la fiscal solicitó 29 años de cárcel para el empresario, Christian Serquén Alfaro, por los delitos de peculado agravado y lavado de activos. Esto, debido a que habría recepcionado millones de soles de la municipalidad de Callayuc, a sabiendas de que no era proveedor de dicha comuna. Este caso se encuentra actualmente en la etapa de juicio oral.

Del mismo modo, solicitó 21 años de cárcel para el exgobernador, Anselmo Lozano Centurión, por el delito de cohecho pasivo impropio, debido a que habría recibido coimas de empresarios, a cambio de la adjudicación de obras de la comuna de La Victoria, en el tiempo que fue alcalde. El Juzgado Anticorrupción ya aprobó el inicio de juicio oral.

Así también, la fiscal investiga al exalcalde de Olmos, Willy Serrato, por supuesto direccionamiento de compras de bienes y servicios a favor de proveedores de su entorno por más de 2 millones de soles. Hasta la fecha aún no formula requerimiento acusatorio. En estos cuatro casos, son más de 40 procesados.


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