En Lambayeque, el proceso penal contra Juan José Grandez Vargas y Doris Amanda Guerrero Díaz, investigados por el presunto delito de aborto agravado que causó la muerte de Felicita Rimarachín Pérez, enfrenta un riesgo crítico: la prescripción de la acción penal. Fuentes del Ministerio Público advirtieron que las demoras administrativas en el tránsito del expediente entre distintos despachos judiciales podrían afectar la viabilidad del caso.
Controversia judicial
Documentos revisados por Correo revelan que el expediente ha sido devuelto y redistribuido en varias oportunidades debido a observaciones internas. Una de ellas, del Juzgado Unipersonal de Lambayeque, indica la “falta del cuaderno de medios de prueba”, elemento esencial para avanzar hacia la etapa de juicio oral.
La Fiscalía solicitó 3 años de prisión y la misma cantidad de inhabilitación para Grandez Vargas, y 2 años de prisión y 2 de inhabilitación para Guerrero Díaz, además de S/ 50.000 en reparación civil a favor de los herederos de la víctima.
Luz Violeta Gonzáles Rimarachín, hija de la fallecida, exigió que el Poder Judicial acelere el proceso: “Solo queremos justicia. Mi mamá murió y hasta ahora no hay una decisión. No permitan que el caso prescriba. Mi familia pide justicia y que no quede impune la muerte de mi madre”.
Según la Fiscalía, Felicita Rimarachín, con siete meses de gestación, llegó a la clínica acompañada de su hija, fue atendida por la enfermera Guerrero y luego por el médico Grandez, quien practicó un procedimiento que derivó en un shock hipovolémico, causando su muerte.
