El Gobierno dispuso la prórroga por 60 días calendario del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la delincuencia, el crimen organizado y otras manifestaciones de violencia que afectan a ambas jurisdicciones.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 096-2026-PCM, publicado este jueves en el Diario Oficial El Peruano, y entrará en vigencia el 28 de junio de 2026.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en operaciones destinadas a combatir delitos como homicidios, extorsiones, sicariato y otras actividades vinculadas a organizaciones criminales.
Lee: PJ dicta detención preliminar contra presunto involucrado en asalto a cambista en Jirón de la Unión
Persistencia de la criminalidad sustenta la medida
Según la norma, la decisión se basa en informes elaborados por la Policía Nacional que advierten la continuidad de una grave perturbación del orden interno en Lima y Callao.
Los reportes señalan que organizaciones criminales continúan operando en ambas jurisdicciones y mantienen una incidencia significativa en delitos de alto impacto que afectan la seguridad de la población.
La solicitud de ampliación fue presentada por la Comandancia General de la PNP mediante un oficio remitido el 22 de junio de 2026, respaldado por informes reservados de las regiones policiales Lima Centro y Callao.
Lee: Trabajadora de la ATU fallece tras ser atropellada por bus del Corredor Azul en Cercado de Lima
Restricción de determinados derechos constitucionales
Durante la vigencia de la prórroga se mantendrán las medidas excepcionales contempladas en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
En ese contexto, podrán restringirse o suspenderse derechos relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Asimismo, el decreto establece que los eventos religiosos, culturales, deportivos y demás actividades públicas de carácter masivo deberán contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes, conforme a la normativa vigente sobre seguridad en espectáculos públicos y edificaciones.
Intervenciones bajo control policial y apoyo militar
La norma precisa que las acciones desarrolladas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán ejecutarse respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la legislación sobre uso de la fuerza.
Además, la Policía determinará las zonas prioritarias de intervención utilizando información de inteligencia, estadísticas delictivas, indicadores de criminalidad y mapas del delito.
Estas herramientas permitirán focalizar los operativos en sectores con mayor incidencia de hechos delictivos y violencia.
Gobierno exigirá informe sobre resultados
Una vez concluido el periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos.
Posteriormente, el reporte final será remitido a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial, acompañado de recomendaciones para futuras acciones en materia de seguridad ciudadana.
La nueva ampliación da continuidad a las medidas extraordinarias implementadas desde febrero de 2026, cuando el Ejecutivo declaró inicialmente el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao ante el incremento de la delincuencia y el avance del crimen organizado.
