Luego que el Ministerio de Educación designara a Manuel Enemecio Castillo Venegas como superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), varias instituciones y personas han levantado su voz de protesta, pues aseguran que se está contraviniendo la normativa. Además, Castillo es investigado por presunta corrupción, pues se le indaga como presunto responsable del manejo ilegal de concursos de docentes en la Universidad Nacional de Piura (UNP) y de los fondos del Colegio de Abogados de Piura (ICAP).
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Cuestionado
Su designación se realizó a través de la Resolución Ministerial N°131-2023-Minedu, publicada en el diario oficial El Peruano.
Se conoció que Castillo Venegas tiene una investigación tras ser señalado como presunto responsable del manejo ilegal de fondos del Colegio de Abogados de Piura (ICAP) y ausencia de información administrativa durante su gestión.
Precisamente en este último caso, el decano del Colegio de Abogados de Piura, Martín Castillo, a través de una breve comunicación telefónica aseguró que esto continúa en investigación.
Posteriormente, el letrado agregó: “Ante el pedido de información que usted me realizó, le sugiero la solicite a la Fiscalía, recuerde que toda investigación es de conocimiento público”, resaltó Castillo.
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Asimismo, la Fiscalía Provincial Corporativa de Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura investigó de forma preliminar a Manuel Castillo Venegas en relación con un presunto manejo político de los concursos de nombramiento de docentes en la Universidad Nacional de Piura.
A su turno, el catedrático de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Segundo Dioses Zárate, también cuestionó duramente su designación pues contravendría el artículo 17.5 de la Ley N°31520, al haber sido autoridad y/o directivo y/o asesor y/o representante legal de esa casa superior de estudios.
“Manuel Castillo Venegas fue asesor legal de la Universidad Nacional de Piura y coordinador del Programa de maestría de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la mencionada universidad durante el año 2022. Además, ha participado defendiendo los intereses de la UNP, de sus autoridades y exautoridades en procesos judiciales contra la propia Sunedu. Lo cual, contravendría el artículo 17.5 de la Ley N°31520, al haber sido autoridad y/o directivo y/o asesor y/o representante legal…él, como un eminente abogado, debió saber que no podía ser parte del Consejo Directivo de Sunedu”, explicó Dioses.
Agregó que los rectores que escogían al superintendente deberían ser de universidades que tienen todos los órganos del gobierno constituidos y la UNP no tiene nada de eso.
“Siguen las irregularidades e ilegalidades que la UNP comete en otro nivel”, dijo Segundo Dioses.
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