Tras analizar los antecedentes civiles y penales de 10 candidatos al Gobierno Regional de Piura, así como declaraciones juradas de la Contraloría, y verificar las deudas tributarias en la Sunat, se concluyó que cuatro candidatos cuentan con sentencias en la vía penal o civil, uno tiene procesos judiciales o investigaciones penales en curso; y dos registran deudas coactivas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración tributaria.
Tras analizar los antecedentes civiles y penales de 10 candidatos al Gobierno Regional de Piura, así como declaraciones juradas de la Contraloría, y verificar las deudas tributarias en la Sunat, se concluyó que cuatro candidatos cuentan con sentencias en la vía penal o civil, uno tiene procesos judiciales o investigaciones penales en curso; y dos registran deudas coactivas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración tributaria.

El próximo 2 de octubre se desarrollarán las . Ese día, los piuranos elegirán a la persona que los próximos cuatro años. Aunque varios candidatos aparecen por primera vez en el escenario político, otros tienen un largo historial. La lista incluye a un exgobernador investigado por corrupción, un excongresista con sentencia alimentaria y hasta a gerentes de empresas con obligaciones tributarias pendientes.

Ante el , dos candidatos declararon tener al menos una sentencia de tipo penal o demandas fundadas en la vía civil. No obstante, Diario Correo detectó que otros tres aspirantes tienen alguna investigación fiscal o proceso judicial en su contra. Se trata de los rostros técnicos de Somos Perú, Unidad Regional, Contigo Región y Alianza para el Progreso.

Reynaldo Hilbck, investigado por corrupción

Uno de los postulantes más conocidos que aspira gobernar la región Piura por segunda vez es el exgobernador , quien esta vez postula con el movimiento político Unidad Regional. Él ocupó el cargo entre el 2015 y el 2018, y actualmente afronta investigaciones en el Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia de Piura por presuntos actos de corrupción, entre otros.

Reynaldo Hilbck, ingeniero industrial de profesión, es gerente en Agrícola Tungasuca y Empacadora de Frutos Tropicales y Agroganadera Huallaga; y accionista en Agroganadera Huallaga y Sucesión Indivisa Hilbck Eguiguren Emilio. Según la Declaración Jurada de Vida (DJV) que presentó ante el sus ingresos del sector privado ascienden a S/ 382,557.71, posee cuatro predios por S/ 127,199 y tiene un vehículo por S/ 191,345.40.

De acuerdo al reporte de investigaciones que obra en la Fiscalía, Hilbck Guzmán tiene 21 investigaciones por negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, contra la administración pública, concusión, omisión de actos funcionales, entre otros. De las 21 investigaciones, 15 se encuentran en etapa de archivo preliminar, 3 con pedido de sobreseiminento, 2 en audiencia de apelación y 1 con denuncia pendiente.

El caso más resaltante corresponde a la carpeta fiscal 202-2017. Hilbck es investigado por presuntamente favorecer a la en su calidad de expresidente del Consejo Directivo del Peihap, en el que también están involucrados otros exfuncionarios.

El caso se remonta al año 2012, luego que fue nombrado, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 075- 2011, presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético (PEIHAP). En aquel entonces, Javier Atkins Lerggios era presidente regional de Piura.

Al respecto, indicó que el Consejo Directivo no tenía participación alguna en el Directorio de Gerentes, ni en la Procuraduría ni en el GORE, y tampoco tenía labor ejecutiva. Por lo tanto, carecía de facultades para poder conciliar con la empresa o hacer ampliaciones.

“...Siempre vamos a estar a favor de tomar acuerdos, de que continúe un proyecto, pero esto no significa que termine en resolución para que se haga efectiva, son acuerdos básicamente, buenas intenciones, ninguno de estos acuerdos son vinculantes”, indicó.

No obstante, para la Fiscalía, los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, aprobaron la propuesta de conciliación de las controversias con la contratista, y suscribieron acuerdos en los cuales se detallaron los importes a reconocer al contratista por cada ampliación de plazo, incluyendo la indemnización.

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Posteriormente, según la Fiscalía, cuando Camargo Correa solicitó una indemnización por daños y perjuicios, el gerente general, Pedro Luis Mendoza Guerrero y el presidente del Consejo Directivo, Reynaldo Hilbck Guzmán; así como del Gobierno Regional Piura, el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Jorge Luis Soyer López, participaron en la toma de acuerdos, como consta en el Memorándum N° 114-2012 del 06 de Setiembre de 2012, los mismos que fueron aprobados mediante acta de sesión extraordinaria por el Consejo Directivo del 07 de Setiembre de 2012, antes de su presentación como pretensión dentro de uno de los procesos arbitrales.

Finalmente, el gerente Pedro Mendoza informó al presidente sobre la propuesta de conciliación de los casos arbitrales N° 2051-078-2011 y 2264-2012-CCL, así como de controversias no enmarcadas en dichos procesos arbitrales, las que contaban con la aprobación del Consejo Directivo y de la Gerencia de Asesoría Legal, autorizando de esta manera a la Procuraduría a iniciar el proceso.

Como parte del proceso, la procuraduría ad hoc del embargó bienes del ex gobernador regional de Piura Reynaldo Hilbck Guzmán y de otros 16 ex funcionarios investigados, por el valor de S/13′022.586 por el presunto delito de colusión y negociación incompatible.

“Es algo que, al final, es un embargo a nivel de inscripción; es decir, preventiva, que se hace cuando cambia la situación preliminar a una preparatoria, es una potestad que tiene el procurador de pedirlo, hay que tener paciencia para que cuando termine la investigación digan primero si es que hay culpabilidad o no, y si no lo hay pues liberarán los bienes. Es algo que es normal que ocurre a todos los implicados en este caso. A nadie le gusta que le hagan un embargo de inscripción, pero es algo que entiendo es parte del proceso de investigación y hay que aceptarlo”, precisó Hilbck sobre la medida.

Cabe precisar que hasta el momento el Gobierno ha invertido S/ 413′726.096,31, y actualmente, el está paralizado, luego de que la segunda contratista (Obrainsa Astaldi) resolvió el contrato con el Gobierno Regional de Piura, cuando Reynaldo Hilbck era presidente regional. Este consorcio ha entablado 13 arbitrajes, por más de S/28 millones por ampliaciones de plazo y paralizaciones de obra.

Excongresistas sentenciados

En la lista de postulantes al Gobierno Regional de Piura también figuran con investigaciones en curso y sentenciados.

Uno de ellos es el exparlamentario Abogado de profesión y docente de aula en la I.E. San Francisco de Paita, que cuenta con licencia sin goce de haber. Entre el 2015 y 2018 fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Paita por el partido político Somos Perú. También se ha desempeñado como asesor de la empresa Construcciones y Servicios Generales Kahory S.A.C. y de la Municipalidad Distrital de Vichayal.

De acuerdo a lo declarado ante el JNE, actualmente cuenta con ingresos del sector público por S/ 59,071.33 y posee un predio por S/107,486.99 y un vehículo por S/ 30,000.

Tras analizar el incremento del patrimonio reportado a la , Dioses Guzmán pasó de tener ingresos mensuales por S/ 5,850 y bienes por S/ 55,000 y otros por S/ 80,000 en el 2016, cuando era alcalde; a poseer bienes por S/ 142,138.09 y otros por S /154,013.62 en el 2020, cuando recién ocupó el cargo de congresista de la República.

Es decir, entre los años que ocupó la alcaldía de Paita (2015-2018) hasta el 2020, el valor de sus bienes subieron de S/ 55,000 a S/ 142,137.09 y tuvo otros ingresos que también se elevaron de S/ 80,000 a S/ 154,137.09 en el mismo periodo.

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Un año después, en el 2021, reportó ingresos mensuales del sector público por S/ 10,992, bienes por S/ 152,136.99 y otros por S/ 306,802.87. En el 2022, sus ingresos mensuales subieron a S/ 11,050, el costo de sus bienes fue de S/ 152,137.09 y otros ingresos disminuyeron a S/ 194,053.39.

Ante el JNE, Dioses Guzmán ha declarado una sentencia laboral por devolución de pago indebido emitido por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Piura. También, ha afrontado 35 investigaciones fiscales, de las cuales, dos se encuentran en curso. A él se le acusa de presuntos actos de corrupción cuando fue alcalde.

“Yo he consignado una sentencia en mi hoja de vida para que los ciudadanos conozcan las sentencias que tenemos, es una sentencia civil que me exigió hacer la devolución de un pago indebido de mi centro de trabajo. Ya he hecho el aporte que corresponde, me queda algo pendiente. Es sobre un pago que se me hizo cuando estuve de licencia, pero ya estamos terminando. El Juzgado lo calificó así, pero estamos cumpliendo”, indicó al respecto.

Diario Correo accedió a los requerimientos acusatorios de los procesos en curso. De acuerdo al expediente judicial N° 03941-2015-0-2005-JR-PE-01, la fiscal Estenia , del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, acusa a Dioses Guzmán y otros exfuncionarios de presuntamente haberse coludido con la Empresa Constructores El Águila en la licitación N° 002-2012 para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la infraestructura de riego del canal Ramal Nuevo - El Arenal, valorizada en S/ 7′762,409.29.

La fiscal ha solicitado para Dioses Guzmán, 4 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva y 270 días de multa e inhabilitación por igual periodo de tiempo. Al parecer, el exalcalde habría recibido S/ 100,000 a cambio de otorgar la buena pro de la obra a la Empresa Constructores El Águila SAC, pero debido a las observaciones realizadas por el OSCE, dicho proceso fue declarado nulo; lo que significó que Reymundo Dioses devolviera el dinero, hecho que fue grabado en audio. Este proceso se encuentra en etapa de control de acusación y el 22 de julio de este año se realizó una audiencia como parte del proceso.

El segundo caso corresponde al expediente judicial N°: 06803-2016-2-2005-JR-PE-01. El fiscal del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Javier López Romaní, acusa a Dioses Guzmán de los presuntos delitos de negociación incompatible y omisión de actos funcionales en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo de Colán en la licitación de la obra “Construcción de la instalación del sistema de alcantarillado de la Esmeralda San Lucas de Colán”. Precisamente el 1 de junio de este año, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios admitió nuevas pruebas a favor de la defensa de Dioses Guzmán.

“He recibido algunas denuncias que se dio un tiempo cuando los adversarios políticos estaban pidiendo la revocatoria de mi persona como alcalde, en ese entonces presentaron una denuncia en el cual se argumentaba (direccionamiento), pero he ido a la Fiscalía cuantas veces me ha llamado. Es un caso que ya está cerrado”, puntualizó.

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El exparlamentario Mario Javier Quispe Suárez también postula al Gobierno Regional de Piura con el partido Fuerza Regional. Abogado de profesión, fue congresista con el partido político Alianza para el Progreso en el periodo 2020-2021. Previamente fue militante del PCC, pero renunció.

En el 2017-2018 fue gerente municipal en la comuna de Bellavista de La Unión y en el 2019 ocupó el mismo cargo en la Municipalidad de Bellavista. En los últimos dos años se ha desempeñado como asesor legal en la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna.

De acuerdo a las declaraciones presentadas ante la Contraloría, en el 2009, cuando laboró en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, declaró ingresos mensuales del sector público por S/ 3,225, bienes por S/ 56,000 y otros por S/ 11,000. Dos años después, en el 2011, cuando prestó servicios en la Subregión Luciano Castillo Colonna, sus ingresos mensuales del sector público se elevaron a S/ 4,760 y el valor de sus bienes se quintuplicaron a S/ 315,000. Ya en el 2021, sus ingresos mensuales del sector público subieron a S/ 5,541.91 y el valor de sus bienes aumentó a S/ 580,970. Ese mismo año también empezó a reportar otros ingresos por S/ 62,984.05.

No obstante, cuando asumió el cargo de congresista, en el 2020, solo declaró ingresos del sector privado por S/ 2,700, el valor de sus bienes disminuyeron a S/ 133,824.90 y reportó otros ingresos por S/ 2,710. Al cesar del cargo, en el 2021, registró ingresos mensuales del sector público por S/ 15,600, bienes por S/ 584,340 y otros por S/ 36,271.

Actualmente Quispe Suárez tiene un ingreso anual de S/ 162,500 y posee bienes por S/ 172,000 (entre predios y vehículos). No obstante, también tiene un crédito personal de S/ 62,134.76, un crédito vehicular de S/ 9,886.06 y un crédito hipotecario de S/ 285,082.72.

Mario Quispe Suarez de APP tiene tres sentencias por no pasar pensión de alimentos. La primera, dictada por el Décimo Segundo Juzgado Penal de Lima, por la que fue condenado a dos años de prisión suspendida en 2010. La segunda, por su parte, fue resuelta por el Primer Juzgado Penal de Lima que le ordenó que abone S/ 700 para su menor hijo en 2014. Cuatro años después, en 2018, el Primer Juzgado de Familia de Sullana lo sancionó con el pago de S/ 800 como obligación alimenticia.

Por otro lado, también afronta investigaciones en el Ministerio Público. De los cuatro procesos, tres se encuentran con archivo preliminar y uno en etapa de investigación preliminar. Este último está a cargo de la fiscal Fyorella Montero Talledo y se le acusa a Quispe Suárez, al excongresista Raymundo Dioses y otras 9 personas del presunto delito de colusión con defraudación patrimonial en agravio del Estado.

“Hubo denuncias que motivaron la presencia de la Contraloría. Sin embargo, sus recomendaciones fueron implementadas y se encuentran en calidad de cumplimiento. Y la investigación de la Policía, que fue tomada por la Fiscalía, ha sido considerada como no a lugar a aperturar una investigación. Por cuanto, todos los fundamentos hechos a mi persona y funcionarios no ameritan investigación. En consecuencia, cualquier acusación no pasa de ser una simple especulación. Y lo de he demostrado en mi vida es que no tengo ninguna denuncia por corrupción, que he sido un fiscalizador del gobierno, que conozco mis funciones y está demostrado en cada uno de los proyectos que hoy se hacen realidad”, señaló en su momento.

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El exparlamentario fujimorista Edward Zárate Antón postula ahora con el partido político Alianza para el Progreso al Gobierno Regional de Piura. Aunque se afilió formalmente a Fuerza Popular recién en septiembre de 2020, su relación con el partido data desde mucho antes. En 2014 y en 2018, postuló sin éxito representando al fujimorismo como candidato para el Gobierno Regional de Piura y la alcaldía provincial de Sechura, respectivamente. En el 2020, logró ser elegido congresista de la mano del partido presidido por Keiko Fujimori.

En agosto del 2021, renunció a Fuerza Popular y un mes después, en septiembre de 2021, Edward Zárate se inscribió como militante de Alianza para el Progreso, partido con el que ahora pretende llegar a gobernar la región. En el año 2019 laboró como asesor externo de la Municipalidad Distrital de Sondorillo y también asesoró durante seis meses a la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre.

Es abogado de profesión y para estas elecciones declaró no tener ningún predio a su nombre, pero sí un vehículo valorizado en S/ 60,000, así como una remuneración bruta anual de S/ 190,520.40. Sin embargo, para las elecciones del 2020 sí reportó dos predios con un valor autovalúo mayor de S/ 600.000.

Según la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría, en el 2016 reportó bienes por S/ 709,111.90, cuyo valor se mantuvo hasta el 2020, año en el que el costo se elevó a S/ 739,111.90.

Igual que otros candidatos, Zárate Antón ha afrontado seis denuncias en el Ministerio Público, pero solo una figura con sentencia. Se trata de un caso de lesiones culposas que data del año 2012.

Al respecto, el candidato dijo que “...es por el caso de que un chofer manejó mi camioneta y generó un accidente y se le hizo pagar una reparación civil, pero yo no estoy sujeto a ese caso. La sentencia salió para el conductor de la camioneta. En caso de que la persona no hubiese pagado ahí yo hubiera sido juzgado al pago, pero pagó…”.

Por otro lado, Luis Neyra León, abogado de profesión y candidato al Gobierno Regional de Piura con el movimiento político Contigo Región, organización que fundó el año pasado. Entre el 2007 y el 2010 fue regidor provincial con el partido Aprista Peruano y ha laborado como locador en el GORE y asesor en la Municipalidad Provincial de Piura.

Tras las elecciones municipales del 2018, cuando postuló a la Municipalidad Provincial de Piura, la ONPE lo sancionó con 10 UIT por “incumplir con la presentación de la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados” en su campaña electoral.

Según el expediente N° 06562-2009, la Corte Superior de Justicia de Piura emitió sentencia firme el 22 de marzo del 2010 por el delito de difamación, cuya pena ya ha sido cumplida, aunque esta fue de carácter reservado.

Neyra León ha declarado ante el JNE ingresos anuales de S/ 80 mil del sector privado y una propiedad vehicular valorizada en S/ 1,200. Cabe precisar que en el 2010, reportó un bien por S/27,000, pero ya en el 2015 fue anulada.

Deudores tributarios

Para las también se han presentado . Aunque no tienen antecedentes penales o civiles, las empresas que dirigen sí reportan deudas coactivas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Sofiana del Carmen Graciano Guerra participa por primera vez en la contienda electoral con el partido político Podemos Perú, al que se afilió 22 días después de renunciar al partido Perú Patria Segura. En el 2005 inició su carrera política inscribiéndose al partido Acción Popular.

La abogada de profesión preside la ONG Graciano y es gerente general en cinco empresas, de las cuales, tres figuran con deudas coactivas que superan los 20 mil soles.

Una de las empresas es Graciano & Asociados Staff de Abogados Consultores S.A.C., con RUC 20604127166, cuyas actividades iniciaron el 1 de febrero de 2019. De acuerdo al reporte de la Sunat, la cobranza coactiva inició en el 2021 y está asociada a aportes faltantes a EsSalud, ONP y el tesoro público. La deuda asciende a S/ 11,831.

Otra empresa que dirige Sofiana del Carmen Graciano Guerra que reporta cobranza coactiva es Corporación Graciano & Bienes Raices E.I.R.L., con RUC 20600850190. La deuda asciende a S/ 5,598. Un año después de iniciar actividades, empezó el periodo de cobranza coactiva correspondiente al año 2016, 2018 y 2021, asociada a EsSalud, ONP y tesoro público.

La empresa Graciano & Staff de Abogados E.I.R.L., con RUC 20600223969, que inició actividades en el 2015 también reporta una deuda coactiva de S/ 7,866 correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, asociada a aportes de la ONP, EsSalud y el tesoro público.

Por otro lado, según el portal de transparencia del JNE, Sofiana del Carmen Graciano Guerra reporta una sentencia contractual cuyo fallo fue desocupar y entregar un inmueble, y ya se habría cumplido.

Diario Correo accedió al Expediente N° 0646-2014-0-2001, en el que se confirma una sentencia para Graciano Guerra por el delito de libramientos indebidos en agravio de la empresa Herpucon S.A. Al parecer, a través de la empresa Graciano y Gonzales E.I.R.L., firmó un contrato con la empresa demandante, pero le entregó un cheque sin fondos. Se le impuso dos años de pena privativa de la libertad suspendida, así como una reparación civil de S/ 700 y la devolución del dinero apropiado S/ 37,843.24.

Sofiana del Carmen Graciano Guerra ha declarado tener ingresos del sector privado por S/ 400 mil y un registro vehicular por S/ 152 mil.

Este diario intentó comunicarse con ella en reiteradas oportunidades, pero nunca contestó las llamadas telefónicas.

Por otro lado, Carlos Alberto Montero Villegas, ingeniero informático de profesión, también pretende llegar al Gobierno Regional de Piura con el partido Frente de la Esperanza 2021, al que se afilió el año pasado. Anteriormente perteneció al partido Fuerza Nacional durante cinco años (2005-2010).

Según lo declarado en el JNE, Carlos Montero es gerente general de la empresa MQ Kontrata S.A.C. con RUC 20564259854, y reporta una deuda coactiva de S/ 2,748. Ha indicado que percibe ingresos del sector privado por S/ 11,900 y tiene dos vehículos valorizados en S/ 8 mil.

Otros rostros políticos

Santiago Paz López es ingeniero agrónomo y tiene 54 años. Es gerente en Cepicafe y en la Cooperativa Agraria Norandino. Ha sido fundador y presidente de Región para Todos, partido político con el que incursionó por primera vez en las elecciones del 2018, cuando obtuvo el 22% de los votos en primera vuelta en Piura.

Según lo declarado, tiene ingresos anuales del sector público por S/ 80,911.37 y 11 predios valorizados en S/ 1´188,542.27.

Paz López registra dos investigaciones en el Ministerio Público, una de ellas realizada por el exgobernador regional Javier Atkins Lerggios, por el presunto delito de difamación. No obstante, el caso fue archivado. Por otro lado, el caso 2606094501-2018 aún se encuentra en etapa de investigación preliminar y está a cargo de la fiscal Johanny Lindao Feria.

El candidato Marvin Álvarez Arechaga, ingeniero zootecnista de profesión, se afilió en septiembre del 2020 al partido Fuerza Popular. En el 2021 intentó ocupar el cargo de congresista de la República con el partido liderado por Keiko Fujimori, pero no tuvo suerte.

Desde el 2011 hasta la fecha ha trabajado como zootecnista en el Gobierno Regional de Piura. De acuerdo a lo que declaró ante el JNE, tiene un ingreso bruto anual de S/ 54 mil y un vehículo valorizado en S/ 50 mil.

Por último, Angelica Palomino es abogada de profesión y se ha desempeñado como congresista de la República y jefa de Recursos Humanoa en el GORE. Según Infogob, desde el 2017 perteneció al Partido Morado, cuyo líder era Julio Guzmán. Sin embargo, en octubre del 2021 se afilió a la organización política Piura Renace, con el que ahora participa en las elecciones.

Ella ha registrado ingresos anuales del sector público por S/ 138 mil, tres terrenos por S/ 252,060 y S/ 8 mil de acciones en Textiles Balbain. De los predios declaradores, tiene la titularidad del 33%, excepto de uno ubicado en Ejidos del Norte, donde tiene el 50%.

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