El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ananea dictó nueve meses de prisión preventiva contra Brayahhn A. Luque Q., Fernando F. Quispe M., Edgar Quispe G., Guido O. Ortiz M., Gervacio Luque V. y Christian P. Nina L., investigados como presuntos coautores del delito de robo agravado, con la agravante de integrar una organización criminal, en agravio de la Corporación Minera Ananea y otros.
Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2026, aproximadamente a las 02:00 horas, en las instalaciones de la Planta de Procesamiento de la Corporación Minera Ananea S. A. (CMASA), ubicadas en el centro poblado Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Los investigados habrían actuado de manera coordinada, con distribución de funciones y aprovechando información privilegiada sobre la seguridad y los accesos a las instalaciones.
Durante el asalto, los sujetos habrían golpeado y amenazado con armas de fuego al personal, para luego ingresar a la oficina de administración y sustraer S/ 5,000 en efectivo, 18,591 gramos de mineral aurífero en bruto pertenecientes a CMASA y 15,631 gramos de oro de la Central de Cooperativas Mineras Rinconada y Lunar de Oro (CECOMIRL). También se apoderaron de teléfonos celulares y de un arma de fuego asignada al personal de seguridad. Parte de las armas utilizadas fue encontrada a unos 700 metros de la planta procesadora, en un pequeño orificio debajo del pajonal.
Posteriormente, el botín fue trasladado hacia el centro poblado La Rinconada, donde los investigados habrían repartido el mineral aurífero y el dinero sustraído, utilizando balanzas electrónicas para pesar el oro y comercializar clandestinamente parte de este. Asimismo, habrían distribuido las ganancias ilícitas y ocultado el dinero, el oro restante y las armas de fuego en inmuebles estratégicamente ubicados en las localidades de Azángaro y Juliaca.
En el desarrollo de la audiencia, el magistrado Augusto Castillo Cordero realizó la evaluación de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, así como de los presupuestos legales para la imposición de la medida coercitiva. Tras el análisis, dispuso nueve meses de prisión preventiva al advertir elementos que vincularían a los investigados con el delito imputado y una prognosis de pena superior a cinco años de privación de libertad.
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