El Gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz Pereira, ordenó la intervención de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en medio de la persistente crisis de abastecimiento de combustibles que afecta al país.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre de 2026, y tendrá una vigencia de hasta 180 días calendario. El objetivo declarado es proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia técnica, administrativa y operativa de la petrolera.
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Intervención no implica cierre de YPFB
El decreto precisa que la intervención es de carácter extraordinario, transparente y temporal y que no supone la liquidación, supresión ni modificación de la naturaleza jurídica de YPFB.
Durante este periodo, el Gobierno buscará obtener información sobre la cadena logística de importación y distribución de carburantes, así como revisar la asignación de volúmenes a estaciones de servicio y otras modalidades de comercialización.
El plazo de 180 días puede ampliarse excepcionalmente por una sola vez hasta por 90 días adicionales mediante resolución del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. También puede concluir antes si desaparecen las causas que originaron la intervención.
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Comisión estará integrada por ministros
La intervención estará a cargo de una comisión interinstitucional en la que participan los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Viceministerio de Transparencia.
Entre sus funciones estará recomendar auditorías y revisar información relacionada con la operación y administración de la petrolera estatal.
El Gobierno sostiene que busca corregir deficiencias en la importación, distribución y comercialización de carburantes, en un contexto en el que continúan registrándose filas en estaciones de servicio.
Escasez de combustible golpea al Gobierno de Rodrigo Paz
El abastecimiento de diésel y gasolina se ha convertido en uno de los principales problemas de la gestión de Rodrigo Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre de 2025.
El Ejecutivo ha atribuido parte del desabastecimiento al contrabando, desvío y acopio de combustibles y sostiene que estas prácticas reducen el volumen disponible para el mercado interno.
La crisis ha generado protestas y bloqueos de carreteras en departamentos como Beni y Santa Cruz, mientras el Gobierno intenta garantizar el suministro.
Diésel subió para grandes consumidores
En agosto, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5676, que estableció un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, equivalentes a unos US$1,55 al tipo de cambio utilizado al momento de anunciar la medida.
La disposición no elevó el precio para todos los usuarios. Transportistas y consumidores con demandas menores mantienen un precio de Bs 9,80 por litro, según el Ministerio de Hidrocarburos.
El Ejecutivo afirmó que la diferenciación buscaba reducir los incentivos para la reventa y el contrabando de carburantes.
Eliminación de subsidios no resolvió el desabastecimiento
La crisis actual se produce después de que el Gobierno de Paz empezara a desmontar el esquema de subsidios a los combustibles heredado de las administraciones de Evo Morales y Luis Arce.
Durante años, Bolivia destinó importantes recursos fiscales y reservas en divisas a importar combustibles y venderlos a precios subsidiados en el mercado interno.
La reducción de reservas internacionales y las dificultades para financiar las importaciones agravaron el abastecimiento, mientras largas filas en estaciones de servicio se convirtieron en una de las expresiones más visibles de la crisis económica.
Pese a los cambios implementados por la nueva administración, la provisión de carburantes continúa registrando dificultades y ahora el Gobierno apunta directamente a revisar el funcionamiento interno de YPFB.
