Arturo Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, fue sentenciando en segunda instancia por difamación agravada el pasado 20 de junio, lo que motivó que el pleno de regidores lo suspenda de sus funciones el 14 de setiembre y, además, se ventile en el concejo un proceso de vacancia en su contra.
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Hoy, cuatro meses y medio después de la condena, el burgomaestre continúa en el cargo y, según el especialista en temas electorales Tomás Alva Villa, podría mantenerse ahí hasta inicios de enero, debido a los actos dilatorios que realiza la polémica autoridad edil.
“Conforme estamos viendo el actuar tanto a nivel del pleno (del Concejo) y del Jurado, es probable que el alcalde pase diciembre, hasta que se tenga una resolución definitiva del Jurado. Debería ser antes de enero, pero viendo cómo está la casuística, es probable que pase hasta el otro año”, dijo.
Se aferra
Fernández, en diversas declaraciones, afirma que el partido Alianza para el Progreso busca sacarlo del cargo, pese a que la sentencia de un año de pena privativa de la libertad suspendida que recayó en su contra fue porque habría difamado a la oficial de la PNP Nataly Rojas.
Desde que se le dictó la pena, el alcalde inició una serie de argucias con la intención de mantenerse el mayor tiempo posible en el municipio. Por ejemplo, reprogramó el debate de su suspensión, que debía darse el 31 de julio y la realizó el 14 de setiembre. Además, tras aprobarse la sanción, no notificó de la misma al Jurado, por lo que el ente electoral, en octubre último, notificó al Ministerio Público para que evalúe la conducta del burgomaestre.
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Tomás Alva consideró que el alcalde busca “dilatar” el proceso, pues, además, recién se dio por notificado de la suspensión el 5 de octubre; es decir, 21 días después de ser sancionado. Con esto, hizo que los plazos se alarguen y se logre convocar a sesión para debatir su reconsideración el 20 de noviembre.
El especialista agregó que esta acción la realizó sabiendo que no tiene ninguna oportunidad de revertir la decisión del concejo, pues para que eso suceda tendría que anularse su condena, lo que no ha sucedido.
“Ese recurso de reconsideración simplemente es un tema dilatorio para seguir permaneciendo en el cargo. Cuando ese recurso de reconsideración se declare improcedente a nivel de municipio, ahí recién va a correr el plazo de apelación, que son 10 días máximo. Creo que lo que busca es seguir con un tema dilatorio”, acotó.
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Proceso
Los trámites para retirar del cargo a Arturo Fernández no terminan, pues para el 14 de noviembre se programó la sesión en donde debatirán su vacancia. Esta acción retiraría definitivamente del municipio al alcalde, por lo que Tomás Alva cree que el burgomaestre aplicará la misma estrategia dilatoria que realiza en su proceso de suspensión.