La Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió un comunicado firmado por su presidente, Víctor Burgos Mariños, en respuesta a la convocatoria a una marcha de respaldo a Arturo Fernández Bazán, alcalde provincial de Trujillo, programada para el 14 de junio en el frontis de la sede judicial de Natasha Alta, coincidiendo con una audiencia de apelación de sentencia condenatoria.
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En el comunicado, la Corte expresa su respeto al derecho de los ciudadanos a expresarse públicamente, de manera pacífica y libre, siempre y cuando se respete la dignidad de las personas y la propiedad. Asimismo, hace hincapié en la exigencia de respetar la independencia y la dignidad de los jueces, y solicita que la movilización convocada no se desvirtúe y se convierta en un mecanismo de presión e intimidación hacia los magistrados.
“Aclaramos que el Poder Judicial y los jueces no hacen política. Los casos que conocemos son los que las pates involucradas llevan ante la justicia, por lo que son resueltos con independencia, en estricta aplicación de la Ley, la Constitución y el debido proceso”, indican en un comunicado de prensa.
Además, en el comunicado, se responsabiliza a los organizadores de la marcha y a Arturo Fernández Bazán de cualquier exceso que genere daño al honor y la dignidad de los magistrados, así como a la integridad física y seguridad personal de los usuarios y servidores de justicia, la interrupción de los servicios de justicia y el daño a la propiedad pública o privada.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad demanda a las autoridades competentes que se otorguen las garantías necesarias para asegurar el normal funcionamiento de los servicios de justicia, prevenir cualquier acto de violencia y, en caso de que se produzca algún exceso, se identifiquen a los responsables para ejercer las acciones legales correspondientes.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad enfatiza su compromiso con la independencia judicial, el respeto a la dignidad de las personas y la aplicación imparcial de la ley, reafirmando su postura de no inmiscuirse en asuntos políticos y de velar por el correcto funcionamiento del sistema de justicia en beneficio de la sociedad.
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