El expresidente Martín Vizcara Cornejo no se librará de ir a juicio por el caso “Chirimayuni”, proceso donde la Fiscalía pide cuatro años y ocho meses de condena en su contra.
El año pasado, el Poder Judicial (PJ) declaró prescrito su proceso gracias a la “Ley Soto”. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones revocó la resolución que libró al exmandatario y ordenó continuar con el caso.
Vizcarra Cornejo es acusado de la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado porque habría permitido en 2011 -cuando fue gobernador regional de Moquegua- pagos indebidos de supervisiones no realizadas a la represa Chirimayuni.
DETALLES
De acuerdo a la resolución a la que accedió Correo, el 3 de octubre de 2023, el PJ emitió una resolución que declaró prescrito el proceso Chirimayuni contra Vizcarra gracias a la “Ley Soto”, norma aprobada por el Congreso que reduce los plazos en que un delito puede ser investigado y sancionado.
En consecuencia se dispuso el sobreseimiento, es decir, el archivo del proceso.
Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría Pública Anticorrupción apelaron la decisión. Así, la audiencia se realizó en diciembre pasado.
Durante la sesión, el Ministerio Público sustentó que la Convención Interamericana contra la Corrupción establece que los estados deben adoptar medidas preventivas eficientes en la lucha frontal contra la corrupción.
Mientras que la Procuraduría calificó de “cuestionada” la Ley N°31751 con la que Vizcarra fue beneficiado.
“No es fáctica y jurídicamente posible aplicable para los casos que comprende la alta delincuencia, en el caso se encuentra la máxima exautoridad del Gobierno Regional de Moquegua”, se lee en la resolución.
Finalmente, los magistrados Jorge Fernández Ceballos, Pablo Carpio Medina y Max Salas Bustinza resolvieron declarar infundada la prescripción del caso.
Entre sus argumentos destaca el pronunciamiento del XII pleno jurisdiccional de las salas penales, permanente, transitoria y especial de la Corte Suprema de Justicia que se celebró en noviembre de 2023.
Oportunidad en la que establecieron que la “Ley Soto” es inconstitucional.
