El jueves por la noche se dio cuenta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que la congresista Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso (APP), denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores, pedía la reprogramación de la citación que se le hizo para ayer viernes, bajo el argumento de problemas de salud.
Sin embargo, esta no es la primera vez que un congresista recurre a una solicitud para postergar un proceso en el que se encuentra inmerso en alguna instancia del Parlamento, con el claro objetivo de dilatar la investigación.
De acuerdo con información revisada por Correo, al menos cinco legisladores de diferentes bancadas que se encuentran bajo la lupa de una indagación (ver infografía), se han acostumbrado a ingresar pedidos que, finalmente, dilatan los procesos en su contra.
LOS HERMANOS
La congresista María Cordero Jon Tay (no agrupada) no asistió hasta en cuatro oportunidades a las citaciones que le hizo la Subcomisión.
Al no acudir, se retrasa la investigación, porque el mencionado grupo de trabajo que encabeza Lady Camones (APP) requiere de la versión del acusado y que este responda a las interrogantes que le puedan plantear, a fin de no afectar el debido proceso.
La exintegrante de Fuerza Popular (FP) es investigada en el Congreso por recortar el sueldo de su trabajador por casi S/80 mil.
La última vez que envió un oficio a la SAC fue el 14 de setiembre en el que comunicaba de su inasistencia por problemas de salud.
Para acreditar su estado, adjuntó un permiso médico por nueve días por tener ciática, es decir, un dolor que se extiende por la espalda.
Lo extraño es que ese día, la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Ministerio de Salud compartió una fotografía del ministro César Vásquez con la congresista María Cordero, ambos se reunieron para coordinar acciones por los pescadores artesanales en Tumbes.
En la imagen, la exfujimorista aparece sonriente.
Su hermano Luis Cordero Jon Tay (Unidad y Diálogo) también siguió el mismo camino.
El 22 de setiembre, día en que el Pleno del Congreso tenía previsto debatir y votar el informe final de la Comisión de Ética que recomendaba suspenderlo por 60 días por el caso de una presunta agresión a su expareja, envió un oficio en el que solicitó una reprogramación por “motivos de salud”.
El caso se reprogramó por única vez y todo indica que el tiempo jugó a favor del exfujimorista, porque el 4 de octubre el Congreso rechazó aprobar el informe para sancionarlo.
Al final, 38 congresistas votaron a favor de la sanción, 39 en contra y 31 en abstención.
Por otro lado, Heidy Juárez (Podemos), también denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores, también siguió el paso de los hermanos exnaranjas.
Y es que el 21 de setiembre envió un oficio a la SAC para que puedan reprogramar la audiencia donde se tenía previsto tratar su caso.
En el documento, Juárez indicó que asistió a las sesiones de la Comisión de Justicia y del Pleno de aquel día. Sin embargo, “debido a mi condición de salud que es de público conocimiento, la cual suele deteriorarse de manera repentina, en horas de la tarde al presentar un grave malestar he asistido al tópico”.
Afirmó que la doctora del tópico del Parlamento le otorgó un descanso médico por 72 horas. Posteriormente se trasladó a la Clínica Delgado, donde le otorgaron un descanso de cinco días y le programaron una tomografía a la columna cervical.
SE SUMAN
A la lista se suma el congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial), también denunciado por “mochasueldos” y hostigamiento a su extrabajadora Marie Silva Uriarte.
Él pidió la reprogramación de su caso en la comisión de Ética para el 20 de noviembre debido a que se encuentra fuera del país.
Finalmente, está el caso más reciente de Magaly Ruíz.
La apepista envió un oficio el jueves por la noche a la SAC para pedir la reprogramación de la audiencia en su contra por una denuncia de recorte de sueldos a sus trabajadores.
Ella indicó que acudió al servicio médico por problemas de salud. En el certificado de salud se le otorga un descanso médico por 48 horas.
Lo curioso es que un día antes sostuvo una reunión con su bancada y representantes de una federación, incluso, ella se encargó de publicar la fotografía en sus redes sociales.
Un dato no menor es que Magaly Ruíz podría dilatar su proceso aún más si es que viaja al extranjero.
Y es que la también presidenta de la Comisión de Cambio Climático, le envió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), en el que sustenta la participación de los integrantes de ese grupo de trabajo en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), un evento que se realizará en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre de este año.
Si bien el evento mencionado es de gran importancia, estará en las manos de la Mesa Directiva definir a qué parlamentarios le autorizarán el viaje, así como garantizarle el pago de pasajes, viáticos y alojamiento.
ANÁLISIS
Para el analista político Luis Benavente, existe un indicador de que las enfermedades que muchos legisladores presentan, serían supuestos.
“Yo creo en las estadísticas. Siempre las personas que están en aprietos en procesos de investigación, por alguna razón, la tasa de enfermedades aumenta considerablemente”, indicó.
En diálogo con Correo, Benavente indicó que presentar una reprogramación por motivos de salud, en muchas oportunidades podrían ser “un recurso para dilatar los procesos”.
Consideró que los congresistas que eventualmente presentan un oficio en el que apelan a la enfermedad, lo utilizan como una especie de artilugio para demorar o impedir la investigación y/o sanción.
Desde su punto de vista, en el tiempo en que los congresistas dilatan el proceso, pueden lograr avances como las conocidas “negociaciones” con otros parlamentarios, a fin de salvarse de una eventual sanción.
“El hecho de que la persona investigada supuestamente se enferme, no lo hace inocente. Creo que el Congreso no actúa con rapidez y dureza”, sostuvo.
Precisamente, sobre la demora en la toma de acciones del Congreso, el legislador y presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), envió un oficio al presidente Alejandro Soto en el que le pide incluir en la agenda del próximo pleno dos casos con sanciones.
El primer informe recomienda suspender por 30 días a Katy Ugarte (Unidad y Diálogo) por despedir a una trabajadora embarazada.
Mientras que el segundo caso es el de María Cordero Jon Tay, en el que se recomienda suspenderla por 120 días por el caso de recorte de sueldo a sus trabajadores.
Respecto al caso de la exfujimorista, la Fiscalía de la Nación envió el jueves por la tarde la denuncia constitucional por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y concusión.
El documento enviado incluye 72 elementos de convicción que incluye la declaración de un colaborador eficaz, testimonios, boletas de pago, transcripción de audios, conversaciones de WhatsApp, entre otros.
El tema tendrá que ser revisado ante la SAC, grupo que podría recomendar destituir a la parlamentaria.
