La Dirección General de Administración del Congreso desestimó el pedido que realizó Jorge Torres Saravia para contratar una defensa legal en el proceso en su contra por presuntamente liderar una red de prostitución en el Legislativo.
Dicha resolución indica que no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento del Parlamento.
En la investigación preliminar abierta contra Torres Saravia se le acusa por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
No obstante, esto no se relaciona con actos o decisiones realizados en el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, por este motivo el pedido fue declarado improcedente.
La directora general de Administración del Congreso, Rosa Elena Izaguirre Silva, indicó que la solicitud carece de fundamento reglamentario.
De acuerdo con el numeral 6 de la directiva respecto a la contratación de servicio de defensa legal, se otorgan dichos beneficios en casos que son vinculados al ejercicio funcional, lo cual no se cumple en este caso.
El exfuncionario solicitaba que el Congreso asumiera con los costos legales de su defensa.
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