Pese a su crítica y precaria situación, y sin importar que su rescate nos ha costado a todos los peruanos miles de millones, a Petroperú se le apareció un nuevo defensor: el del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, quien ha presentado en el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, que dispone medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de la petrolera estatal.
En el documento presentado, Gutiérrez Cóndor sostiene que la norma en cuestión vulnera la Constitución Política del Perú y los principios de separación de poderes y jerarquía normativa.
“El referido decreto de carácter transitorio por su naturaleza, no puede derogar una ley permanente, formal y especial del Congreso, lo cual infringe claramente el principio de jerarquía normativa y de especialidad. Es así que no se puede reorganizar empresarialmente a Petroperú a través del referido dispositivo legal, que habilita de manera indebida el despido masivo de trabajadores, vulnerando sus derechos fundamentales“, reza un comunicado que anoche difundió la Defensoría.
En esa línea, Gutiérrez argumenta que las modificaciones permanentes al régimen jurídico de Petroperú solo pueden aprobarse mediante una ley debatida en el Parlamento, y que el Ejecutivo no está habilitado para legislar cambios de esta magnitud bajo la figura de decreto de urgencia.
NOMBRES PROPIOS
La demanda apunta formalmente al presidente José Jerí, al premier Ernesto Álvarez Miranda y al procurador público encargado de asuntos constitucionales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente.
En esa línea, la Defensoría exige al TC que declare inconstitucional el decreto y que establezca criterios vinculantes para que cambios permanentes en empresas del Estado se implementen únicamente por ley.
